Ciudad de Guatemala. Las autoridades guatemaltecas detuvieron este miércoles a 17 personas, entre ellos altos cargos del seguro social y la banca central, a los que se acusa de estar involucrados en un nuevo caso de corrupción que sacude al gobierno de Otto Pérez.
La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público, con apoyo del Ministerio de Gobernación (Interior), ejecutaron las capturas por un caso de fraude en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) por un monto de unos 14.5 millones de dólares.
Entre los 17 detenidos figura Juan de Dios Rodríguez, presidente de la junta directiva del IGSS y ex secretario privado del mandatario, así como el presidente del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria, Julio Suárez. Este último era el representante de la Junta Monetaria ante la junta directiva del IGSS.
Rodríguez se refugió en principio en un hospital privado para evitar su captura, pero las autoridades lo ubicaron y acordonaron el área para posteriormente ejecutar el allanamiento con orden de un juez.
En abril de 2013, cuando el presidente designó a Rodríguez -quien al igual que el mandatario es militar-, dijo que éste llegaba al IGSS para implementar correctivos ante hechos de corrupción que existían en la institución.
Pérez, que enfrenta fuertes presiones para que renuncie al cargo, reconoció hoy ante la prensa su responsabilidad en el nombramiento de los funcionarios vinculados al nuevo escándalo de corrupción, pero guardó distancia de los hechos y aseguró que fue defraudado por las personas en quien confió.
El mandatario señaló que nadie está por encima de la ley y que los altos cargos detenidos este miércoles «deberán responder ante las instancias judiciales por los hechos que se les imputan».
Este miércoles se registró una manifestación campesina que concluyó frente al Palacio Nacional y que entre otros temas exigió su renuncia.
Guatemala registra desde hace semanas movilizaciones contra el gobierno de Pérez, al que se acusa de corrupción, que iniciaron después de que la Cicig desarticulara una banda criminal dedicada a la defraudación tributaria que era liderada por el secretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti, quien entre tanto renunció a su cargo.
En tanto, el jefe de la Cicig, el ex magistrado colombiano Iván Velásquez, y la fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana, ofrecieron una conferencia de prensa para ampliar la información sobre las causas de las capturas ejecutadas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los detenidos están involucrados en la adjudicación anómala de un contrato de 116 millones de quetzales (14.5 millones de dólares) en favor de la empresa farmacéutica Pisa de Guatemala.
Explicaron que la farmacéutica obtuvo en diciembre pasado un contrato del IGSS para el servicio de diálisis peritoneal de pacientes de la institución, sin contar con los requisitos ni con la estructura básica para brindar el servicio a pacientes renales del IGSS.
Velásquez dijo que «no obstante las serias deficiencias de esta empresa, le fue adjudicado el contrato» y que por medio de evidencias como la interceptación de llamadas telefónicas «podemos afirmar, más allá de cualquier duda razonable, que (los capturados) estuvieron vinculados con las irregularidades del contrato».
Otro de los detenidos es Otto Molina Stalling, hijo de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Blanca Stalling, quien resultó vinculada -por conversaciones telefónicas captadas por los investigadores- en la red de defraudación tributaria que provocó la renuncia de la vicepresidenta Baldetti.
