Washington. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió este jueves a Estados Unidos reformar los programas de vigilancia a las comunicaciones de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), fuertemente criticados tras ser expuestos por Edward Snowden hace casi dos años.
Estados Unidos debe conducir reformas «que aseguren que la vigilancia de las comunicaciones esté claramente autorizada por la ley», señaló la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH.
Las normas relativas a los programas de recolección de metadatos telefónicos de la NSA deben tener «claros límites que reduzcan la naturaleza, alcance y duración de este tipo de medidas y las razones para ordenarla», añadió el organismo.
La declaración de la CIDH, ente autónomo de la Organización de Estados Americanos, sigue a la media sanción el miércoles de una reforma en la Cámara baja del Congreso estadunidense que prohíbe a NSA recabar masivamente datos en Estados Unidos.
La reforma, que debe ser todavía considerada por el Senado antes de fin de mes, modificaría un artículo controvertido del Ley Patriota, adoptada luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001, y que expira el 1 de junio Una corte de apelación federal declaró la semana pasada como ilegal el programa espionaje telefónico de la NSA, que quedó develado en junio de 2013 con las revelaciones del ex contratista Edward Snowden.
Hasta ahora, la NSA acumulaba en sus servidores los metadatos de las llamadas telefónicas realizadas en Estados Unidos: su horario, duración, el número discado, pero no la grabación de la conversación. Estos datos se conservan durante cinco años y son manejados por analistas que intentan localizar una eventual amenaza terrorista.
Los datos serían a partir de ahora conservados por los operadores telefónicos y sólo accesibles para la NSA luego del aval de un juez cuando se defina un objetivo preciso.
Para la CIDH un punto importante de reforma recae en el funcionamiento de la Corte de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera (FISA, por sus siglas en inglés), un tribunal secreto que supuestamente fiscaliza la interceptación de telecomunicaciones.
«La legislación debería reforzar la transparencia de las decisiones de la Corte de Vigilancia de Inteligencia Extranjera y aclarar los mecanismos legales para la impugnación de sus decisiones», señaló la CIDH.
El organismo de derechos humanos con sede en Washington propuso seguir las recomendaciones de grupo de revisión nombrado por el presidente Barack Obama en 2013 y crear el cargo de «Defensor de Interés Público» para defender la privacidad y los derechos individuales ante esa corte.
