Cuando el titular del Poder Ejecutivo y los dirigentes de los 10 partidos con registro anunciaron su intención de dialogar para acordar los términos de una nueva reforma electoral local, de inmediato nos preguntamos ¿para qué y para quién se hará?, ¿las propuestas que de ahí surjan se acercan o se alejan de la democracia de ciudadanía?, (que es el que corresponde al enfoque de Desarrollo Humano) Pues bien, no se requirió mucho tiempo para encontrar las respuestas: lo que están planteando es una reforma para mantener las condiciones de inequidad para las candidaturas independientes y el trato discriminatorio para los electores que decidan votar por ellos, se trata de mantener obstruido el paso a las consultas populares y a las iniciativas ciudadanas, y dejar intactos los mecanismos y estructuras que impiden la recuperación por los ciudadanos de los partidos políticos, al tiempo que se inventan fórmulas tiradas de los pelos para incrementar significativamente la bolsa de recursos a repartir entre las cúpulas partidistas. Las razones que sustentan esa intención sólo se pueden entender en una racionalidad que tenga como finalidad fortalecer no el sistema de partidos, sino una de sus modalidades: la partidocracia. Que además es el signo actual: en la reforma de 2014 se pusieron imposibles las candidaturas ciudadanas a diputados federales y gobernadores; y en la recién planteada reforma del DF, la participación ciudadana ha sido un enorme vacío, con el extremo de pensar en una Asamblea Constituyente no electa, sino designada. Es decir, la radical eliminación de la participación ciudadana en estas graves definiciones políticas. Así las cosas, la reforma electoral anunciada contiene un doble propósito: hacer a un lado a la ciudadanía y fortalecer la partidocracia. Doble objetivo que es la antítesis misma de la democracia de ciudadanía.
Bastaron dos reuniones de los negociadores de la reforma para que también quedara claro, cuando menos para la representación de Morena, que no se trataba de un verdadero y racional diálogo para encontrar las mejores fórmulas para incrementar la confianza de los ciudadanos en el sistema electoral, como la obligatoriedad de los debates entre partidos y candidatos y la publicación de las declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses por parte de los candidatos, o el establecimiento de la posibilidad de formar gobiernos de coalición en el caso de que ningún partido obtenga más de la mitad de la votación, etc. Al parecer, la única preocupación real de los negociadores de la partidocracia era encontrar la manera de aumentar sus prerrogativas económicas y homologar la normatividad local con las leyes federales aprobadas por el Congreso de la Unión en la última reforma electoral.
Habla bien de la dirección estatal de Morena su decisión de no avalar ese ejercicio de simulación levantándose de la mesa de negociaciones, lo que debe alertar a la sociedad sobre las intenciones de una partidocracia que no desea hacerse cargo de su bajísima credibilidad y que al parecer no está dispuesta a construir una verdadera democracia de ciudadanía.
