■ Importante, que ciudadanos estén informados y cuestionen a servidores públicos: académicos
■ Ingeniería jurídica deficiente y falta de valores familiares, causas de corrupción: Valadez
Ante el hecho que de 56 países México ocupe el segundo lugar de impunidad, sólo por debajo de Filipinas, y este país tiene apenas cuatro jueces por 100 mil habitantes, los problemas de corrupción e impunidad no se atacarán mientras no haya las capacidades institucionales para aplicar la ley, y además, se construya ciudadanía en el concepto de hombres y mujeres enterados y partícipes en el quehacer público capaces de cuestionar, proponer, y al tener un alto grado cívico de participación exijan resultados a quienes ocupen cargos públicos.
Así lo consideraron Juan Manuel Valadez Rodríguez, coordinador de la maestría de Investigaciones Jurídicas de la UAZ y el también catedrático de la Máxima Casa de Estudios, Marco Torres Inguanzo, durante su participación en el programa Synergia de La Jornada Zacatecas Tv.
Durante la emisión, conducida por Raymundo Cárdenas Vargas, como preámbulo al debate sobre el tema de corrupción e impunidad, se hizo referencia un estudio multidisciplinario hecho por la Universidad de las Américas en Puebla, a través de su Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia, el cual arrojó que México es el segundo con mayor impunidad de 54 que fueron medidos.
Realidad que Valadez Rodríguez explicó en el entendido que México tiene una ingeniería jurídica deficiente, además de una descomposición de valores familiares que han propiciado que la corrupción se democratice y forme parte del sistema y quehacer cotidiano.
Al grado que este país está secuestrado por la corrupción y no sólo de gobierno, sino de iniciativa privada, sindicatos, medios de comunicación, familia, amigos y otros. Aludió además a la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental de 2013, donde se informa que San Luis Potosí, Distrito Federal y Estado de México son las entidades del país con mayor experiencia de corrupción, mientras que Zacatecas ocupa el no honroso lugar 12.
Con datos de dicha encuesta, 86.6 por ciento de los zacatecanos opinó que en la entidad es muy frecuente la corrupción y la policía ocupa el primer lugar con 89.7 por ciento, le siguen los partidos políticos, Ministerio Público, gobierno estatal, diputados y senadores y muchos otros sectores. Incluso, las universidades públicas con “un nada despreciable 42 por ciento”.
Frente a ello, el catedrático indicó que es evidente cómo una ley, por bien elaborada que sea, no será suficiente. Se requiere una contraloría social y en la medida que la sociedad demande y exija jurisdiccionalmente, no políticamente, podrá haber resultados.
Marco Torres insistió en el hecho que no se tienen las capacidades institucionales para aplicar la ley, lo cual lo hace más complicado. Reiteró que en México por cada 100 mil habitantes hay cuatro jueces, cuando la media de los países de la ONU es de 17 por cada 100 mil y en Croacia 45 por cada 100 mil, número que, dijo, evidencian la debilidad institucional.
Sistema Nacional Anticorrupción
Respecto del nuevo andamiaje legal en materia de combate a la corrupción, Marco Torres cuestionó del Sistema Nacional Anticorrupción el hecho que el fuero no fue tocado por los legisladores. El presidente de la República, los gobernadores, presidentes municipales y legisladores tienen fuero y ante ello hizo la pregunta acerca de ¿a quién van a castigar?
Consideró que se hizo un Sistema Nacional Anticorrupción pero por adelantado se construyeron una barrera de impunidad para quedar a salvo y estar fuera de todo castigo.
Por el contrario, Valadez consideró que el fuero es necesario política y jurídicamente, en el entendido que al haber un centralismo tan “obcecado” desde la Presidencia de la República, los gobernadores, diputados o presidentes municipales corren riesgos que les suceda situaciones como a los hermanos Flores Magón.
Sin embargo, si se requiere fortalecer la figura jurídica y hacer que no se genere impunidad pero sí inmunidad; es decir un diputado puede subir a tribuna y decir “tantas cosas” sin que sea perseguido y eso está protegido por la Constitución, lo cual es diferente por lo que haga. El académico consideró que se debería acotar la figura del fuero para que se proteja la función.
Al respecto Marco Torres y Raymundo Cárdenas refirieron que lo cuestionable es que el tema del fuero no se tocó y siguen los casos de gobernadores que se construyeron una presa, usaron recurso público para comprar ranchos y nos les pasa nada. Es decir, a los cuadros medios y bajos se les podrá aplicar el sistema pero al Presidente, a quien pide moches y otros, no tiene forma que se les toque.
Coincidió en ello Valadez al referido que el fuero del Presidente de la República es uno de los más sui generis de América Latina porque sólo se le puede juzgar por traición a la patria y en delitos de otro orden hasta que termine su mandato, siempre y cuando no prescriban, lo cual, dijo, debe cambiar.
De igual manera, se debe tener claro que un gobierno moderno y de la globalidad no puede tener facultades discrecionales. México debería tener mecanismos de evaluación continua que permita que antes de la reelección de un diputado sea evaluado. De igual forma, debería haber la figura de revocación, de lo contrario, el sistema está incompleto.
Además, si no hay una democracia participativa donde no sólo informen sino dejen tomar decisiones, no tiene sentido. Marco Torres comentó como en los delitos cometidos en México, en 91 por ciento no se inicia una averiguación por parte del MP, lo cual significa que se está ante el desfallecimiento del Estado. No obstante, el problema no es jurídico, sino de su aplicación.
Ciudadanía
Ante la situación impune y corrupta que impera en este país, el docente de la Unidad Académica de Derecho insistió en que el problema fundamental es que no se tiene ciudadanía. Si bien Marco Torres expuso que la academia y las organizaciones de la sociedad civil han empezado a construir agenda, no han sido aún suficientes.
Ante la pregunta de Cárdenas acerca de qué debe hacer la sociedad y la academia para organizarse y tener “un clúster” contra la corrupción, el abogado insistió en que la respuesta es construir ciudadanía y ser vigilantes de que las propuestas generadas en la academia no se deformen en las instituciones.
“Se necesita que no haya gente que pueda cometer un delito y no se le haga nada, ni haya índices tan altos de no sentencias porque falta personal de justicia”; por el contrario, se debe fortalecer a las familias con valores y mejores condiciones de repartir la riqueza. De lo contrario, será complicado.
Marco Torres consideró que se deben reconstruir diseños institucionales y que haya una sociedad interesada a fin de hacer reales los órganos de control, porque si no, hay actuación determinante entre sociedad civil, academia, y difícil cambiarán las
cosas.
