México es el segundo país más impune del mundo, sólo detrás de Filipinas, al menos entre los 59 países miembros de la Organización de Naciones Unidas que tienen información suficiente y actualizada respecto a la justicia para participar en el ranking de Índice Global de Impunidad 2015 (IGI 2015), según un estudio elaborado por la Universidad de las Américas (UDLAP) de Puebla y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del estado (CCSPJP).
No es cosa menor, en la comparación perdimos no solamente con Croacia, Eslovenia o República Checa que cuentan con las mejores calificaciones el estudio, sino también con países como Honduras que hace apenas años vivió un golpe de Estado, El Salvador que hace apenas unas décadas estaba en guerra civil, o Argentina, donde incluso la impunidad se hizo ley, con la famosa “Ley de obediencia” que garantizaba inmunidad a los oxidados cómplices y partícipes de la dictadura militar de los años 70.
Pero lo que para otros es pasado, para nosotros es presente. El periodista Jorge Ramos lo retrata así: “En México la lógica y la justicia están rotas. ¿Quién debe perder su puesto: el que comete un acto de corrupción o quien lo denuncia? Claro, debería perderlo quien es corrupto. Pero en México, siguiendo la lógica del mundo al revés, quien comete el acto de corrupción se queda en su puesto y quien lo denuncia es despedido”.
Lo decía por Carmen Aristegui y su equipo, quienes perdieron su empleo con pretextos absurdos luego de denunciar que Enrique Peña Nieto y su esposa compraran una casa de más de ochenta millones de pesos a un contratista del gobierno. Posteriormente supimos que casos similares habían sucedido con Luis Videgaray, secretario de Hacienda, y con Osorio Chong, secretario de Gobernación. Todos siguen en sus cargos, menos los periodistas que dieron a conocer los hechos.
En el ámbito local la semana pasada La Jornada Zacatecas dio a conocer la falsificación de un documento para tratar de ocultar el tráfico de influencias de la responsable de la secretaría de economía. En el asunto, también está involucrado el secretario de la Función Pública, pues, siendo el responsable de vigilar que este tipo de cosas no sucedieran, firmó el documento con el que se trató de cubrir el asunto. Estando así las cosas ¿Quién investigará entonces si se cometió o no un delito?
El panorama es poco alentador, raras veces se castiga la corrupción, y cuando se hace, frecuentemente la responsabilidad legal, si es que llega a establecerse, recae en mandos medios o inferiores que a nadie comprometan si se les ocurre abrir la boca.
A los de abajo les toca pagar lo que los de arriba deciden y ordenan. Así lo retratan incluso los spot del Partido Verde cuando encarcelaban a dos trabajadores por tirar desechos industriales en unos sembradíos, mientras quienes les ordenaron hacerlo cuando mucho pagaban una multa.
Para muchas autoridades, la forma de combatir la impunidad es engrosar progresiva y permanentemente las corporaciones policiacas. Contratan a cientos cada mes, despiden a otros tantos con pretextos diversos, entre ellos reprobar unos exámenes de confianza que en sí mismo no han logrado inspirar eso que se supone que evalúan: confianza.
El estudio de la UDLAP antes mencionado pone énfasis en esta circunstancia, se contrata más policía y no se hace nada por garantizar la efectividad de las acciones de éstos. Se les detiene, y luego tarda mucho en juzgársele, o se les juzga rápido y negligentemente debido a la carga de trabajo que cada juzgador tiene. Pues en México existen 4 jueces por cada 100 mil habitantes, mientras Croacia tiene más del cuádruple (17 por cada cien mil habitantes). Debido a esto, quizá es que 46% de las personas que están en los Centros de Reinserción social no tienen sentencia.
Y habría que ver las condiciones de sentencia de quienes la tienen, pues según dio a conocer el documental Presunto Culpable, realizado por investigadores del Centro de Investigación y Docencia Económicas el 93% de los acusados nunca ve al juez de su causa.
Dicen que justicia lenta no es justicia, pero también es cierto que más vale tarde que nunca. Hemos visto ocasiones donde se rectifica, es el caso por ejemplo de Jacinta, la mujer indígena que fue acusada de secuestrar a seis policías federales y que finalmente fue liberada, o el caso del maestro Alberto Patishtán. En ambos casos la difusión de los mismos fue fundamental para su liberación, al grado que podría decirse que la fue la presión social, y no las pruebas legales lo que los sacó de la cárcel.
Ajenos como estamos al sistema judicial, a los simples mortales no parece quedarnos otro remedio que la presión social para combatir la impunidad, que es hija de la mala memoria y se alimenta de la fatalidad.
Por ello a siete meses de la tragedia de Iguala es tarea fundamental difundir el caso Ayotzinapa en todo el mundo, como se hace actualmente en Europa. Sin embargo bien se haría en coordinar esos esfuerzos con denuncias en la corte penal internacional, tal como lo sugirió en su momento Edgardo Buscaglia, y buscar, más allá de lo simbólico que ese crimen no quede sin castigo. ■
