Los gobiernos federal y estatal aplazaron dos semanas su respuesta ante las demandas salariales de los jornaleros agrícolas del valle de San Quintín, lo que provocó la indignación de los trabajadores que anunciaron su decisión de impulsar un boicot a la compra de fresas, moras y productos hortícolas de esta región en los mercados internacionales y del país; asimismo, boicotearán las elecciones, continuarán el paro general de labores iniciado el 17 de marzo y se unirán a una huelga general en los próximos días.
Tras concluir la primera reunión de la mesa de diálogo reinstalada este viernes, Fidel Sánchez Gabriel, vocero de la Alianza Nacional de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social, convocante del paro de labores en esta región, expresó lo frustrante
que resultó la respuesta del representante del gobierno federal, el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava.
La reunión terminó con tal desconcierto entre las partes, que el subsecretario y el gobernador del estado, Francisco Vega de Lamadrid, salieron precipitadamente por la puerta trasera del salón donde se celebró y a grandes zancadas se dirigieron a sus vehículos empujando a los periodistas.
A nombre del gobierno de la República, Miranda Nava se comprometió a dar respuesta en 15 días a sus demandas, incluida la exigencia de incremento salarial, y anunció que gestionará la creación de un fideicomiso especial para ayudar a la solución de los problemas de los jornaleros
.
Dicho fideicomiso, del que no mencionó el monto, se integrará con recursos de los gobiernos federal y del estado.
Asimismo, informó que en el transcurso de las próximas dos semanas la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) y otras dependencias federales realizará un exhaustivo operativo para revisar en todas las empresas agrícolas de la región la vigencia de los contratos colectivos de trabajo y verificar las condiciones de salud e higiene en que laboran los trabajadores, especialmente mujeres y menores de edad.
Miranda Nava dijo que se procederá en consecuencia
y se dará parte al Ministerio Público de presuntas conductas delictivas por maltrato a trabajadores y por abuso sexual a las mujeres jornaleras.
En la próxima sesión, que se efectuará también en San Quintín el 8 de mayo, se darán a conocer los resultados de estos operativos, dijo.
Al concluir la reunión, que a puerta cerrada encabezó el subsecretario de Gobierno y estuvo integrada por el gobernador Vega de Lamadrid y funcionarios de los tres niveles de gobierno junto con legisladores del Congreso de la Unión, representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y dirigentes de la alianza, informó a los medios sobre los compromisos.
En una lectura rápida, aunque se negó a firmar una minuta de acuerdos, el funcionario dijo que independientemente de la creación del fideicomiso especial en apoyo a los jornaleros, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) afiliará a todos los trabajadores.
En materia de salud, anunció que el gobierno federal se compromete a construir guarderías para los hijos de los jornaleros y un hospital de especialidades médicas, además de mejorar las instalaciones de salud pública que existen en la zona, garantizar el abasto de medicamentos y contratar más médicos y enfermeras.
En cuanto al derecho a la educación, dijo que se formalizará un convenio de acreditación en módulos de Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación que garantice la inscripción en primaria, secundaria y preparatoria de todos los jóvenes, hijos de jornaleros, que reúnan los requisitos.
Miranda Nava, quien escuchó un informe de la STPS, que reveló que en San Quintín existen 500 centros de trabajo agrícola y sólo 373 tienen registro ante el IMSS, dijo que en los operativos de empleo de campo, a efectuarse en el transcurso de las próximas dos semanas, participarán también inspectores de trabajo, a fin de asegurar que sean dados de alta en el IMSS todos los trabajadores.
La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, por instrucciones de la Secretaría de Gobernación, deberá realizar un análisis profundo
de los problemas sociales que existen en las diversas poblaciones y asentamientos étnicos, especialmente donde se presentan problemas graves de alcoholismo, drogadicción y abandono de familias.
El Consejo Agrícola de Baja California, que agrupa a los propietarios de las empresas hortícolas, envió como representante a Alberto Muñoz, quien reiteró la posición patronal de incrementar los salarios en 15 por ciento (que actualmente van de 100 a 150 pesos diarios) y la negativa tajante de homologar los sueldos a 200 pesos diarios, como demandan los jornaleros.
Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, encabezó la comisión especial de legisladores federales que dará seguimiento al conflicto social de los jornaleros agrícolas de San Quintín.
Participaron también como observadores representantes de sindicatos y organizaciones sociales del país, entre ellos la Unión Nacional de Trabajadores, la Central Independiente Obreros Agrícolas y Campesinos, la Central Campesina Cardenista y el abogado Arturo Alcalde Justiniani.
