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viernes, 29 marzo, 2024
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El marco legal anticorrupción ya existe; falta voluntad para cumplir con la norma: Bañuelos

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Por: RAQUEL OLLAQUINDIA •

■ Es un tema de compromiso social, honestidad y responsabilidad, señaló la candidata

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■ Fiscalizaciones de la ASF a estados y municipios no culminan en sanciones notables, dijo

El marco legal para combatir la corrupción en el país ya existe, aseguró Geovanna Bañuelos, candidata plurinominal por el Partido del Trabajo en la circunscripción 4, que incluye el Distrito Federal, por lo que “ni siquiera es un tema de carácter jurídico o legal; es un tema de compromiso social, de voluntad política, de honestidad y de responsabilidad en cuanto al cargo que protestas”.

Así lo expuso al referirse al nuevo Sistema Nacional Anticorrupción que ya fue aprobado en el Senado y precisó que la cuestión de fondo no es tanto reglamentaria, sino de “poder echar a andar las leyes que ya existen”.

Bañuelos expuso que las sanciones por hechos relacionados con actos de corrupción ya están estipuladas en la legislación vigente, por ello se hace más latente la “omisión de las autoridades para poder ejecutarlas”.

Subrayó que no funcionan, además, las dependencias e instancias encargadas de investigar y castigar, en caso de ser necesario, a quienes cometan un delito en este sentido. Calificó a la Secretaría de la Función Pública federal como un “elefante blanco” y señaló que las auditorías que se realizan a los gobiernos estatales y municipales no culminan con la imposición de sanciones notables.

La candidata plurinominal sostuvo que en Zacatecas no hay ni un ejemplo “verdaderamente inspirador” de la actuación de las autoridades fiscalizadoras.

“Al contrario, se han convertido en pesquisas de carácter político, entre partidos políticos, cuando hay alternancia en las administraciones, pero nunca una sanción que haya seguido un procedimiento legal justo, que se le haya dado derecho de audiencia al acusado, que se haya dado oportunidad de que se presenten pruebas y que en todo caso, de encontrarse algún tipo de irregularidad, se tenga una sanción ejemplar”, concluyó.

Expuso, por otro lado, que para erradicar la corrupción las medidas deben atacar en primer términos a las esferas altas del poder.

Defendió este mecanismo porque, expuso, “no puedes estar pidiendo a un elemento de tránsito o a un policía municipal que se abstengan de aceptar la mordida, si a final de cuentas les piden cuotas su directores o sus jerárquicamente superiores”.

Bañuelos habló también de la necesidad de que los servidores públicos transparenten su patrimonio para dar mayor certeza a la ciudadanía que representan. Por tanto, esta apertura precisó que “debe dejar de ser una simulación”.

No compartió el hecho de que en este periodo de campañas se esté colocando como opcional la publicación de la declaración patrimonial, sino que indicó que esto debería ser una obligación.

Respecto a si difundirá sus declaraciones tanto patrimonial y de impuestos como de intereses a través de la plataforma de Candidato Transparente que impulsan varias organizaciones sociales a nivel nacional o usando otro medio, Bañuelos dijo que sí publicará estos documentos; que, “con muchísimo gusto”, lo hará en próximos días.

Entre las propuestas que tienen al interior del Partido del Trabajo para impulsar en la Cámara de Diputados, subrayó la de buscar la derogación de las reformas hacendaria, energética y educativa, por considerar que con ellas se ha entregado “tanto nuestra riqueza nacional como nuestros derechos conquistados por los sindicatos, por los trabajadores”.

Como una idea propia que tratará de sacar delante de ocupar una curul en el Congreso de la Unión, expuso la de elevar a rango de ley federal la legislación de Protección a los Adultos Mayores.

Al respecto, apuntó que este grupo de población es “vulnerable pero también olvidado por la insensibilidad del gobierno que solamente voltea a verlos en procesos electorales. (…) Pero no hay una política pública realmente dirigida a este sector”.

Aparte de esta iniciativa que será prioritaria, también hizo referencia a una que ya se encuentra en el Poder Legislativo Federal y que se trata de la Ley de Aguas. Rechazó la entrada de capital privado a la prestación de este servicio pues argumentó que debe ser el Estado el que proporcione este recurso a los ciudadanos, ya que es un derecho humano.

De cara a las votaciones del próximo 7 de junio y ante el descrédito que sufren en México los partidos políticos y el sistema en general, consideró que los llamados a no votar han sido orquestados por los “grupos de poder” ya que el abstencionismo “beneficia al actual sistema”.

Por ello concluyó que, al contrario de lo que se ha estado divulgando de manifestar el descontento sin acudir a las urnas, “nosotros hacemos el llamado a la gente de que si está satisfecha con las decisiones que ha tomado los gobiernos federal y estatal, entonces sí, absténganse de participar. Pero si no están de acuerdo acudan el próximo 7 de junio a votar por el candidato que les plazca”.

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