Con la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción, se reconoce a este mal como el principal obstáculo para el desarrollo del país. En corrupción se va más de 12 veces el gasto social de Gobierno Federal y el doble de toda la inversión educativa de la nación. Todos reconocen también que las actuales instancias son una farsa, por ello no es gratuito que ningún caso relevante haya sido detectado por los actuales órganos de control, sino que han salido a la opinión pública por la acción decidida de cierto periodismo de investigación y las esperadas filtraciones de información. Jamás se han tratado de mecanismos oficiales de detección de actos de corrupción, tampoco hay monitorio y mucho menos sanciones. De hecho, en una medición de un órgano de Naciones Unidas se declaró a México como uno de los tres países más impunes del mundo, sólo encima de Filipinas y algunas naciones africanas. El colmo es la declaración de Virgilio Andrade, secretario de la Función Pública, de que en el caso de la famosa Casa Blanca, él no podía investigar nada porque esa casa era un contrato mercantil y no un contrato gubernamental. Así las cosas, las instancias oficiales encuentran sutilezas legales para nublar la acción de la justicia.
Ahora es tiempo de que el debate baje a las Legislaturas estatales e inicie la discusión sobre cómo se aplicará el sistema anticorrupción en las entidades federativas, lo cual significa prefigurar los elementos que deben constituir la ley secundaria, que es la efectiva. Es donde se va a definir realmente el sistema anticorrupción o donde se puede anular. Porque, como arriba mencionamos, cualquier pequeño hueco legal es suficiente para disminuir la efectividad de la misma ley. Como ahora estamos en proceso electoral, cabe la sospecha de que los partidos grandes estén alzando la bandera de anticorrupción, y pasando las elecciones en el espacio de la legislación secundaria, echen abajo esta esperanza: exactamente igual como pasó con la Ley de Telecomunicaciones. También requiere Peña Nieto de alguna medida que levante su caída imagen debido a los demostrados actos de conflicto de interés. Por tanto, aun no tocaremos campana alguna: falta justo lo importante del detalle que responde a la grandiosa pregunta: “Cómo va a funcionar ese sistema”.
Una de las debilidades de la propuesta que aprobó el Senado, es la relativa a la manera cómo se va a prevenir el conflicto de intereses, cómo evitar que funcionarios públicos usen su posición privilegiada para sacar ventajas privadas. Medidas genéricas como declaraciones públicas de interés es insuficiente. Se debe profundizar en el diseño y los mecanismos de implementación de controles más efectivos para disuadir a los funcionarios de obrar mal. Falta lo más importante, y esteremos atentos en la manera en que se concluye esta historia que ahora arranca. Esperamos que no sea un iluso arranque de tiempo de campaña.
