■ No hay nadie en las cárceles de la entidad por delitos de corrupción, explica la entrevistada
■ Podrían acogerse a un procedimiento abreviado y tener un acuerdo con el organismo afectado
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas (PGJEZ) tiene abiertas alrededor de cinco investigaciones en contra de funcionarios municipales, en las que se busca determinar si hubo delitos relacionados con corrupción, que se hayan derivado del mal manejo de recursos públicos.
Sin embargo, la titular de esta dependencia, Leticia Catalina Soto Acosta, aseguró que ninguno de estos servidores públicos ingresará a prisión en caso de resultar culpable.
La funcionaria aseguró que las indagatorias mencionadas partieron de las revisiones de la Auditoría Superior del Estado (ASE), en las que se detectó una administración inadecuada del presupuesto del municipio, por lo que ahora le corresponde a la PGJEZ concluir si hubo una intención de daño al cometer estas fallas administrativas, lo que podría desembocar en un posible delito de enriquecimiento ilícito.
No obstante, Soto Acosta añadió que las sanciones que se les impondrían a los funcionarios municipales no conllevarían una pena de cárcel: “no, porque a final de cuentas el catálogo de sanciones y por el tipo de hechos podrían acogerse a algún beneficio”.
Agregó que también podrían inclusive acogerse a algún procedimiento abreviado y tener un acuerdo con el organismo al que le han causado el daño, que es el propio municipio y llegar a un acuerdo resarcitorio. La procuradora explicó que con la aplicación del sistema de justicia penal acusatorio adversarial hay muchos caminos alternativos antes de llegar a la prisión.
Recordó que, por el momento, no hay nadie en las cárceles de la entidad que esté cumpliendo una pena por delitos relacionados con hechos de corrupción.
Al respecto, señaló, “tenemos algunas indagatorias concluidas en las que no ha sido posible individualizar a los responsables porque algunos no están en Zacatecas; sabemos que algunos de estos sujetos han salido del estado y no los hemos podido individualizar y por eso no tenemos ninguno que esté en curso”.
En cuanto a estos procesos que están abiertos actualmente, explicó que en su momento la ASE determinó la aplicación de sanciones administrativas debido a que documentó que “no hubo el cuidado en la actuación, no se tomaron las medidas necesarias para seguir normatividades o para ejecutar las obras con los procedimientos preestablecidos”.
Por tanto, explicó que la auditoría ya concluyó que hubo una actitud dolosa en términos de no rendir buenas cuentas, pero es un tema administrativo, y lo nuestro corresponde y debe identificar si hubo realmente una intención de ocasionar un menoscabo en el patrimonio del municipio y por lo tanto tener un enriquecimiento ilícito. Posteriormente, si fuera el caso, se haría “la solicitud de la judicialización de los inculpados o de los imputados”, precisó.
