El juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, Fernando Silva, por cierto hijo del ministro y ex presidente de la SCJN Juan N. Silva Meza, admitió el lunes 13 la demanda de amparo presentada por la periodista Carmen Aristegui en contra de MVS Radio. También determinó la suspensión provisional de los llamados “lineamientos editoriales” de la compañía en relación con la conductora, debido a que van en contra de lo estipulado en el contrato de ambas partes y “pueden generar un efecto inhibidor en la libertad de expresión”. La suspensión provisional surte efectos a partir de la decisión del juez “en tanto se resuelva la suspensión definitiva”, lo que podría conducir a la restitución de Aristegui en el mismo espacio informativo que tenía, o a otro acuerdo entre las partes.
El juez federal ordenó a Grupo MVS que de inmediato se siente a negociar con la periodista, mediante la intervención de un conciliador independiente de ambas partes, con miras a que busquen un acuerdo que permita reanudar la transmisión del noticiero radiofónico que conducía la comunicadora. La suspensión provisional, dictada en el juicio de amparo 672/2015 promovido por la propia Aristegui, ordena que se dejen de aplicar en un plazo de 24 horas los lineamientos que la empresa impuso recientemente a sus conductores. ‘‘Se advierte, preliminarmente, que se pone en riesgo lo estipulado en el contrato y además sus efectos pueden generar un efecto inhibidor en la libertad de expresión’’, expuso el juzgador, quien según el civilista Javier Quijano, abogado de Aristegui, también advirtió en su resolución: ‘‘El juez apercibe a MVS Radio que de no llegar a un acuerdo con Aristegui antes de la audiencia incidental realizará un pronunciamiento cautelar integral con respecto a la suspensión definitiva solicitada respecto de la continuación de la transmisión del noticiero denominado Noticias MVS Primera Edición, una vez que existan mayores elementos probatorios y argumentativos y una vez valorada la colaboración de las partes para solucionar el conflicto’’
Evidentemente se trata de una suspensión novedosa, elaborada con base en la nueva Ley de Amparo (que entró en vigor apenas en abril de 2014), pues se consideró a MVS como equivalente a una autoridad, por el hecho de ser concesionaria de un servicio público. El juez Silva valoró que con la decisión de MVS se violaron los derechos humanos de Carmen Aristegui, fundamentalmente su libertad de expresión, sin que hubiera de por medio un procedimiento administrativo seguido en juicio, en el que la periodista se hubiera podido defender del supuesto incumplimiento al contrato firmado con la empresa de telecomunicaciones. Y advierte: “El juzgador federal determinó que preliminarmente existían datos objetivos para la procedencia de la demanda de amparo, toda vez que si bien los actos reclamados son actos de particulares, lo cierto es que se dan en un contexto de derecho público; asimismo, se advierte un acto unilateral de terminación del contrato de la quejosa respecto a un tema de relevancia pública”.
En este caso, de acuerdo con la demanda de amparo presentada por Aristegui: “Si se permite que una persona de carácter privado, por sí y ante sí, pueda interrumpir, cortar o suspender la vinculación entre la comunicadora y su audiencia, es claro que se viola el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de información”.
Desde el 13 de marzo, los voceros y representantes de MVS Radio han argumentado que los lineamientos editoriales que impusieron a todos los conductores responden a decisiones empresariales y no periodísticas, y que además no vulneran los derechos de libertad de expresión, de información y de difusión de sus conductores, por tanto, se negaron a aceptar la intervención de José Woldenberg como árbitro, quien figura como tal en el contrato entre Aristegui y MVS, por lo tanto, es de esperar lo rechacen nuevamente.
La conducta mostrada hasta ahora por la parte empresarial hace difícil prever un escenario en el que Carmen llegue a MVS, protegida por la autoridad, a reanudar, por la fuerza, su noticiero matutino. Y se hace más difícil si sabemos que Felipe Chao, vicepresidente de Relaciones Institucionales y Comunicación Corporativa de MVS ha reiterado: “No hay acuerdo posible con Aristegui…” “Lo que pide es la suspensión provisional de la extinción unilateral y, en su oportunidad, la suspensión definitiva. En brutal castellano, lo que quiere es la reinstalación por la vía judicial”. “Pero con estas medidas, más la demanda que puso MVS por la vía mercantil, cualquier arreglo es imposible”, señaló.
La postura de MVS pone al juez Silva en una situación muy difícil. Si falla en contra de Aristegui la opinión pública nacional e internacional lo entenderán como un triunfo más de los poderes fácticos. Pero si ordena la reanudación del programa sentará un precedente muy difícil de aceptar para las todopoderosas empresas de comunicación. Pronto lo veremos.
