Estamos viviendo la paradójica combinación de abuso y vulnerabilidad en los empleos del sector público: por un lado los puestos de mayor jerarquía disfrutan muy altos salarios y los trabajadores sufren inestabilidad laboral, falta de seguridad social y bajos ingresos. En el caso de los burócratas no sólo dependientes de Gobierno del Estado sino en los municipios, se han visto envueltos en una ola de despidos justificados por el enorme endeudamiento de los mismos. Las diversas administraciones municipales, cada tres años, llegaban a pagar compromisos de campaña y encimaban pisos de nueva burocracia, hasta que dicha acumulación hizo crisis. Como ejemplo, el caso del municipio de Guadalupe, que por la irresponsabilidad de Samuel Herrera y de Rafael Flores, ahora muchos trabajadores están viéndose despedidos porque entró una administración priísta que los dejó sin empleo. Es decir, por el manejo politizado y mediocre de la administración pública, sin planeación o sin servicio de carrera, los trabajadores pagan los costos.
El caso del IZEA y de los SSZ son paradigmáticos: trabajan para el Estado y son contratados por honorarios, lo cual elimina la posibilidad de que obtengan seguridad social: servicio médico, programas de vivienda y derecho a la acumulación de antigüedad para jubilación. Así las cosas, pueden tener hasta 12 años laborando y formalmente tienen cero antigüedad. Los profesores de telesecundaria iniciaron con un sindicato independiente y autónomo, con lo cual lograron tener algunas prestaciones, sin embargo, ahora que la dirigencia sindical se ha oficializado destruyendo la original autonomía, los derechos han ido a la baja: se han visto afectados los profesores disidentes que tenían carrera magisterial y prácticamente se eliminó la posibilidad de que la base de profesores defendiera sus derechos en la reciente reforma del Issstezac.
El Estado es el responsable de garantizar los derechos sociales, pero en su propia casa los vulnera. Y la tendencia es al aumento de dicha orientación: con las propuestas de la nueva gerencia pública se subrogarán cada vez más servicios, con ello, la responsabilidad laboral de los gobiernos se aproxima a cero. Y con la disminución de los presupuestos, las nóminas y los derechos laborales se verán aún más afectados. Además, con la debilidad de los sindicatos, oficiales o blancos, no hay manera de revertir esa tendencia. El caso del sindicato oficial de los burócratas es ejemplar en esto: no representa defensa genuina de los trabajadores, sino que sus dirigencias pertenecen a las redes de compromiso del partido en el gobierno. Por ello las expectativas al corto plazo no son optimistas.
Para cambiar esta nociva situación, se requerirían dos condiciones: sindicalismo vivo y un verdadero servicio civil de carrera de los trabajadores del sector público. Hay algunos núcleos de trabajadores dando la lucha para la primera condición, pero el grueso del sector depende del oficialismo. El caso del servicio civil de carrera es difícil que lo implementen porque esa medida otorga mayor autonomía a los trabajadores y les quita control político a los grupos del poder. Veremos hasta cuando siguen aguantando los trabajadores.
