La corrupción es el mayor de los males que aquejan a México: desde la burocracia novohispana hasta los gobiernos revolucionarios ha sido un vicio que ha creado diversas formas de tolerancia en la sociedad mexicana. Es un vicio que genera problemas importantes como modificar sustancialmente la forma en que se ejerce el gasto público lo que se convierte en causa de la permanencia de la desigualdad y la exclusión, lo que a su vez se convierte en obstáculo formidable al crecimiento económico y al desarrollo humano del país. Así de grave es el problema de la corrupción en México. Y ahora que estamos en proceso electoral, es importante mencionar la relación que existe entre la corrupción en los gobiernos y la forma irregular de financiar las campañas electorales: cuando un candidato llega con dinero oscuro al poder, éste paga esos favores justamente con la oferta de contrataciones de obra pública y otras acciones similares. Por ello, sin limpieza electoral no hay tampoco gobiernos honestos. Igualmente pasa con la forma de integrar los presupuestos, cuando se dan partidas etiquetadas y especiales a grupos de legisladores, se desencadenan irregularidades que se vuelven sistémicas. Y esto último es mucho más grave que los robos que realizan algunos funcionarios, y está sin atención.
Pues bien, la manera de enfrentar este gravísimo problema no es con un solo órgano anticorrupción (como el actual e inservible sistema de responsabilidades), porque estamos ante un monstruo de múltiples cabezas. Se requiere un paquete de medidas con perspectiva sistémica. Partir del estudio pormenorizado de los esquemas organizacionales del Estado y la administración pública para ver de qué manera se puede hacer imposible o muy difícil incurrir en actos de corrupción. Recordemos que si algo es posible, va a ocurrir. Es decir, se requiere de inteligencia institucional. Un intento serio de emprender este camino ha sido el planteamiento del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que tiene indudables virtudes (y también ausencias), como establecer al mismo tiempo una fiscalía anticorrupción, un tribunal de justicia administrativa y una serie de espacios de coordinación. Sin embargo, aún falta tiempo para que se pueda llegar a la implementación del SNA porque resta todavía que aprueben esta reforma en el Senado y por las Legislaturas de los estados, y después un largo camino de legislación secundaria, que asciende a poco más de 15 ordenamientos legales, lo cual se llevará tal vez un par de años más. Lo que se dice entre legisladores es que tal vez, el SNA verá la luz en el próximo sexenio.
En uno de los apartados de la reforma, se establece que la Auditoría Superior de la Federación podrá revisar el gasto (federalizado) de los estados, lo cual no hizo mucha gracia a algunos gobernadores. Eso es lo importante: saber cómo los estados y municipios se incorporan al SNA, pero eso lo veremos hasta (tal vez) en un año más. Lo importante es que académicos y sociedad civil han dado la pelea y puesto una semilla de esperanza para México en este áspero tema.
