Los escándalos donde los poderes de carácter privado gobiernan en los órganos del poder público son indicios de que los casos son muchos, al grado de que puede tratarse de un problema que pone en entredicho a toda la forma mediante la cual se llega al poder del Estado. Por ello, de entrada, todos los aspirantes al poder son sospechosos, y mucha más sospecha genera cuando algún dirigente político se niega a que se den a conocer algo tan elemental como las declaraciones patrimoniales de los candidatos de su partido. La autoridad tiene la obligación de garantizar que los procesos estén limpios de corrupción y de peligros mayores: como el caso de los políticos que entran a las instituciones para promover los intereses no sólo de grandes empresas, sino del crimen organizado. Por ello, ahora mismo las autoridades electorales deben exigir las declaraciones patrimoniales, pero no solamente: deben promover que se investigue a los candidatos en sus negocios privados y revisar que no existan conflictos de interés; y también deben investigar que no existan posibles lazos de los mismos candidatos con el crimen organizado. Uno de los indicios de esto último es revisar las redes familiares de los contendientes. ¿Sabemos los ciudadanos si alguno de los candidatos no tiene familiares que tengan lazos con algún grupo criminal? Cosa la cual es síntoma de riesgos de alto impacto, recordemos los lamentables casos recientes. Pues bien, esa información los ciudadanos no lo podemos saber, sólo la autoridad puede garantizar la limpieza en esos terrenos, nadie más.
Como podemos ver, lo primero es eliminar las negras nubes de la sospecha sobre las contiendas. Porque de otra manera, los ciudadanos difícilmente nos centraremos en las propuestas de los partidos políticos, porque estaremos pensando en la posibilidad de que muchos de ellos estén fingiendo y esperando ganar para sacar las uñas dentro de las instituciones. Y como cabe la posibilidad de que incluso votemos por ellos, sucede que la sospecha de que hablamos se convierte en un factor de abstención electoral. Por ello, la transparencia en los perfiles de los candidatos es un factor que estimula la participación o inhibe la abstención. Es una fuente de legitimación de los procesos de elección. En suma, una medida elemental es la publicación de las declaraciones patrimoniales, pero es insuficiente: se requieren procesos de investigación previa a las elecciones sobre la solvencia moral de los ciudadanos que participan en la competencia.
Los ciudadanos debemos rechazar a los partidos que no transparenten sus perfiles, como el caso de los declaraciones de la dirigencia panista, que dice no poder obligar a sus candidatos a publicar sus declaraciones patrimoniales, eso debe ser motivo de alarma. Y además, debemos exigir que la autoridad, en este caso una acción coordinada del INE con la Procuraduría, nos den garantías de que los candidatos están limpios en sus antecedentes y factores de riesgo que los vinculan a grupos criminales. Sin la garantía de limpieza de los procesos electorales todo está en riesgo: ¿está de acuerdo señora Catalina?
