México, DF. Afirmar que la tortura en México es generalizada carece de fundamento, advirtió el gobierno de México a Joachim Rücker, presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el pasado 13 de marzo, luego de que Juan Méndez, relator especial sobre la cuestión de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, entregara su informe sobre la situación del país en esa materia ante el Consejo de Derechos Humanos en su sesión de marzo.
“Tal afirmación supondría alcanzar un umbral numérico, algo que en este caso no ha sido debidamente documentado, toda vez que únicamente se ha proporcionado información específica sobre 14 casos. Estamos preocupados por el hecho de que la afirmación citada anteriormente se aparta de una más profunda y constructiva discusión relacionada con las mejoras que pueden lograrse a partir de las acciones que el gobierno ya ha puesto en marcha para combatir esta práctica, específicamente tomando en consideración que el relator ha reconocido ante el Consejo que la metodología utilizada es rudimentaria e insatisfactoria en varios niveles”, enfatiza el texto.
Firmada por Jorge Lomónaco, representante permanente de México ante Naciones Unidas y Otros Organismos Internacionales con sede en Ginebra, el documento cuestiona duramente las afirmaciones del relator, al establecer que “el gobierno de México desea dejar constancia de su profunda decepción por el hecho de que un ejercicio de cooperación que debería caracterizarse por un diálogo constructivo basado en la confianza mutua quedó reducido a señalamientos que carecen de fundamento, los cuales no contribuyen a generar las condiciones propicias para fomentar la cooperación internacional para la protección de los derechos humanos”.
De acuerdo con el gobierno mexicano, “en todo momento respetó la independencia que le es conferida en su capacidad de relator del Consejo de Derechos Humanos y otorgó todas las facilidades necesarias para asegurar que la visita se llevara a cabo en las mejores condiciones posibles”.
Agrega que el relator especial “ha reconocido tanto en su informe como públicamente que el gobierno de México le otorgó pleno acceso y todas las facilidades disponibles durante su visita. Tuvo acceso irrestricto a 11 centros de detención de su elección, señalados inclusive con muy poca antelación, se entrevistó libremente con personas detenidas, y tuvo la oportunidad de reunirse con funcionarios al más alto nivel del gobierno federal, así como en varios estados de la República Mexicana”.
Condenan además las declaraciones públicas del relator, quien señaló antes de presentar su Informe «…que la tortura es generalizada en México, como lo prueban cientos de testimonios que yo mismo recogí en mis visitas a las prisiones y centros de detención en México, donde casi todos, incluidos niños, manifestaron haber sufrido brutalidad al momento de su detención».
Con dicha afirmación, asegura el gobierno mexicano, el relator contraviene la letra y el espíritu del artículo 12 del Código de Conducta que demanda que, al cumplir su mandato, “los titulares de mandatos deberán hacer gala de prudencia, moderación y discreción para no menoscabar el reconocimiento del carácter independiente de su mandato o el clima necesario para desempeñarlo debidamente”.
Agrega que el artículo 13 del Código de Conducta establece que, en el contexto de las visitas a países, los procedimientos especiales deben asegurarse de que cualquier declaración sobre la situación de los derechos humanos en el país “puedan promover un diálogo constructivo entre los interesados, así como la cooperación en la promoción y protección de los derechos humanos”.
Además de que “al expresar sus opiniones ponderadas, particularmente en sus declaraciones públicas sobre denuncias de violaciones de derechos humanos, [deben] indicar también con imparcialidad las respuestas proporcionadas por el Estado de que se trate. México considera que el relator especial también contraviene esta obligación al haber realizado múltiples declaraciones públicas, muchas de las cuales a los medios de comunicación, tratando de justificar la terminología utilizada en el informe. Al haber hecho esto, él omitió mencionar la postura que el gobierno de México, de manera repetida y directa, ha expresado al respecto”.
En su texto, Lomónaco destaca que el informe no hace referencia a acto alguno de “brutalidad” cometido en contra de niños o niñas durante su detención. Tampoco se acredita la tortura por lo que corresponde a la estación migratoria visitada por el relator. Para los casos de repatriación, las autoridades consulares reciben información detallada sobre la fecha y la hora de salida con la finalidad de asegurar su retorno seguro. Adicionalmente, existen protocolos para la identificación de niños que requieren de protección internacional.
“Nuestro interés por recibir información relativa a los casos de tortura registrados por el relator durante su visita cumple un doble propósito: el primero, para acreditar de manera correcta estos casos; el segundo, para asegurar su adecuado seguimiento y solución. Nos preocupa especialmente el hecho de que se mencione la tortura en contra de menores sin que se haya compartido con el Estado la información correspondiente”.
