Hasta antes de las últimas reformas neoliberales la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) contenía el Pacto Social fundamental que otorgó identidad al pueblo de México y sustentó hasta ahora su convivencia pacífica y su independencia económica y política. La CPEUM determina que el Estado mexicano debe tender a ser un Estado democrático, en el que sus instituciones, burocracias y su sistema legal deben garantizar la vigencia de los derechos de toda la población y, consecuentemente, establecía las fuentes de financiamiento para ello, prescribiendo que la explotación de los recursos naturales estratégicos estaría exclusivamente en manos del Estado.
Todo lo anterior permite concluir que la Reforma Energética aprobada no sólo implica un profundo cambio en la naturaleza de las industrias petrolera y eléctrica, sino que induce una aceleración de la mutación del Estado mexicano hacia el estado ideal de los neoliberales: el Estado mínimo que no reconoce derechos y los convierte en mercancías. Si el Estado comparte las menguadas utilidades del sector energético nacional con las empresas trasnacionales, y continua la rebelión de los ricos a pagar impuestos, el Estado no dispondrá de los recursos necesarios para garantizar los derechos humanos de los mexicanos y se alejará del Estado prefigurado en la CPEUM y se fracturará el Pacto Social.
Esa es la lógica del Presupuesto de Egresos base cero para el año 2016, anunciado hace unos días por el presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Desde Acapulco, ante la crema y nata del sector financiero nacional, sentenció el Presidente: “…a partir de 2016 habrá un rediseño integral del presupuesto que tendrá base cero, con el objetivo de emprender una reingeniería en el gobierno y ajustar y cambiar políticas públicas que ya no corresponden a la realidad del país”.
Fernando Galindo Favela, subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda, desglosó en la Cámara de Diputados la ruta que habrá de seguir el reajuste en la administración pública federal el año próximo: “Estamos revisando puntualmente qué programas y proyectos de inversión pueden ser financiados de mayor manera por el sector privado. Lo que queremos es fortalecer la participación privada mediante los esquemas de asociaciones pública-privadas; estamos haciendo esa revisión puntual”. A decir del funcionario, desde ahora se encuentran a revisión todos los 809 programas presupuestarios del gobierno. Insistió en que el gobierno se adelgazará, “tenemos que redimensionar el tamaño del gobierno acorde a nuestra realidad presupuestal, será una administración austera, que se apriete el cinturón” y que tenga las mínimas plazas indispensables para operar de manera eficiente. “Eso va a generar mucha resistencia en todas partes, en aquellas dependencias o beneficiarios de los recursos públicos…”.
¿El resultado? Probablemente el más grave recorte del gasto al sector público en 20 años, lo cual desde ahora alimenta la fantasía neoliberal: “se los dijimos, el gobierno es esencialmente oneroso, necesitamos menos Estado”. Ya se frotan las manos para hacer negocios con el agua, la educación y la seguridad social.
Que nadie se llame a engaño: viene un tijeretazo, como en los años ochenta, acicateado por el desplome petrolero. A no ser que el 7 de junio el pueblo mexicano en las urnas muestre que desea un nuevo rumbo económico castigando con su voto a los aliados neoliberales PRI-PAN-VERDE-PANAL y genere una nueva mayoría que apruebe una nueva política económica, similar en sus principios a la aplicada por Obama para contrarrestar la profunda crisis que le heredó el neoliberalismo de Bush. Ante la crisis se requiere más Estado, no menos, sigue afirmando el actual presidente de EU.
Es importante anotar también que con la profundización del neoliberalismo económico anunciado por Peña, el régimen político también sufrirá un mayor alejamiento del ideal democrático, pues las corporaciones automotrices, mineras, petroleras y otras tenderán a capturar con su dinero porciones fundamentales del Estado mexicano. Si de por si nuestras elecciones ya están contaminadas por el abuso del dinero ilegal en campañas por candidatos y partidos, y por la parcialidad del sistema de medios de comunicación, especialmente la televisión, la presencia cada vez mayor de las trasnacionales petroleras y otras corporaciones conducirá a que las posiciones de mando del Estado sean mayoritariamente ocupadas por políticos a su servicio. Y nuestra larga transición no desembocará en un Estado democrático sino en un narcoestado con una corporatocracia (gobierno de y para las corporaciones) mezclada con cleptocracia (gobierno de y para los corruptos). Qué horror.
