De todos es sabido que el trabajo de jornalero es de los más desprotegidos. Un enorme flujo de migración interna o movilidad humana laboral agrícola tiene lugar estacionalmente en Zacatecas. Los cultivos de chile y ajo son los que mayor demanda de mano de obra requieren en sus labores de plantado, siembra y cosecha. La particularidad de estos cultivos es que, dada su rentabilidad, gran parte de su producción se destina a la exportación. Las masas de trabajadores que se mueven vienen (muchos de ellos) de zonas indígenas. Además, es sabido también la excursión del crimen organizado en las regiones con mayores ventajas de comercialización agrícola. El fracaso de colectivos de producción en ambiente de invernadero es debido (en numerosos casos) a la extorsión de estos grupos. Jitomate, pepino, forraje, etcétera, quedan abandonados porque los colectivos son intimidados por células del crimen para arrebatarles su capital. De manera, que el resultado es la catástrofe económica en el campo zacatecano. Esta situación tiene muchos años ocurriendo, y las autoridades han sido omisas al respecto. Incluso los casos donde las deudas ante la banca de segundo piso se convierten en problemáticas por causas del desfalco que generó la delincuencia, y las autoridades se portan insensibles: embargan y terminan por dar el golpe de gracia a los productores agrícolas que inició la delincuencia. Con ello, una serie de invernaderos son abandonados produciendo migración, desánimo, pobreza y desconfianza en las autoridades.
Pero el caso de los trabajadores asalariados agrícolas es un tema especial. Las condiciones de movilidad hacen que la posibilidad de trata (o mejor conocida como esclavitud moderna) ocurra en este ramo de la producción. Ya no preguntamos por las condiciones laborales y las seguridad social de estos trabajadores, sino por la libertad elemental de los mismos al desarrollar sus penosas tareas. Los jornaleros viajan con sus familias enteras, por tanto, observamos a niños trabajando como adultos, sin asistir a la escuela y sin disfrutar de su infancia. Viviendo en hacinamiento y exceptuados de los derechos elementales de todo ciudadano.
Es responsabilidad del Estado velar por los derechos de estos ciudadanos mexicanos. Pero únicamente observamos tibieza en la defensa de los mismos. Años pasan y los pretextos son muchos, al grado que se juntan declaraciones de planes impotentes del DIF, Secretaría del Trabajo, Secretaría de Desarrollo Social, Municipios y, ahora, las autoridades relacionadas a la seguridad pública. Y en las mismas zonas: tanto San José de Lourdes como Río Florido tienen varios años de ser “focos rojos” y nada ocurre en la realidad. Año con año son las mismas expresiones de preocupación de las autoridades mencionadas, pero ningún cambio observamos. Es una realidad persistente por la falta de acción coordinada y decidida de las autoridades. ¿El año que entra leeremos en la prensa las mismas declaraciones de preocupación e impotencia de este perenne tema sin resolver por parte de las autoridades?
