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viernes, 29 marzo, 2024
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El combate a la corrupción es cosa seria

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Por: RAYMUNDO CÁRDENAS HERNÁNDEZ •

Está en marcha el procedimiento legislativo denominado Constituyente Permanente para aprobar el llamado Sistema Nacional Anticorrupción. La Cámara de Diputados ya dio el primer paso y aprobó un dictamen que en carácter de minuta fue remitido al Senado de la República; una vez que sea aprobado se enviará a las Legislaturas de los estados y el procedimiento culminará con la publicación de las reformas en el Diario Oficial. Hasta entonces, iniciará el proceso legislativo para generar la legislación secundaria correspondiente.

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La historia demuestra que cuando la corrupción se desborda y contamina la estructura del poder suele resultar devastadora por sus efectos desintegradores en los sistemas políticos que no logran contenerla. Hasta ahora el combate a la corrupción en México ha consistido en procedimientos persecutorios propios de los sistemas políticos cerrados. Cuando la corrupción es contemplada como un acto de desobediencia en el que incurre un inferior jerárquico, la respuesta es el castigo impuesto por el jefe o en su nombre. Fue esto lo que se hizo durante el viejo régimen porque sólo se tenía que responder ante el personaje situado en el vértice del poder, el presidente.

Ese modelo de controles interiores perdió su eficacia porque un procedimiento cerrado en una sociedad abierta resulta disfuncional. El último intento por limitar la corrupción desde adentro fue realizado por el presidente Miguel de la Madrid, quien estableció la Secretaría de la Contraloría, con la función de inhibir y perseguir la corrupción. Durante varios años fue suficiente con esa institución, pero envejeció conforme la apertura y el pluralismo aumentaron. Hoy, intentar una respuesta similar es un anacronismo.

Desde el punto de vista de constitucionalistas como Diego Valades, el instrumento más eficaz hoy para contrarrestar la corrupción reside en la libertad de información. Las investigaciones de los medios de comunicación, el acceso a la información y las redes sociales ya están sirviendo para denunciar y contener ese vicio. Sin embargo esto tampoco es suficiente. Antes poco se hacía contra los corruptos porque se carecía de datos; ahora que se dispone de evidencias sigue siendo poco lo que se hace. Continúa la impunidad y se multiplica el cinismo.

Las iniciativas en trámite contienen algunos avances, pero en lo esencial corresponden al esquema de controles internos. Insistir en un modelo análogo al implantado en 1982 significa no asumir que estamos en otro país. Hace tres décadas se vivía una hegemonía de partido y habría sido una ficción establecer controles congresuales porque todo estaba sujeto al mismo mando, pero las cosas han cambiado. Si el sistema representativo estuviera bien diseñado y los Congresos de la unión y locales dispusieran de instrumentos adecuados de control, el resultado se traduciría en una clase dirigente de mejor calidad y mayor honestidad. La política está desprestigiada entre otras cosas por la corrupción. Es necesario ampliar y consolidar controles que contribuyan al ejercicio honorable de las funciones públicas. La Auditoría Superior de la Federación ha dado buenos resultados en cuanto a identificar muchos problemas, pero carece de instrumentos para aplicar las soluciones. Por lo mismo, debe convertirse en un Tribunal de Cuentas.

En el orden político el artículo 93 constitucional maniata al Congreso para investigar las irregularidades del poder. En otros sistemas la investigación es un derecho de las minorías parlamentarias, pero el PRI y el PAN han aprobado limitaciones. Hay que suprimirlas para comenzar. Para tener éxito es indispensable modificar el ejercicio del poder, pues no estamos ante un desafío ético que se resuelva sólo con actos de voluntad personal ni con más medidas punitivas. La experiencia prueba que se requiere mucho más que eso: convicciones democráticas y responsabilidades políticas.

La impunidad no se debe a la falta de normas para castigar la corrupción; lo que falla es el verticalismo prevaleciente en la organización del poder en su conjunto. Si eludimos los problemas de fondo y no castigamos severamente la irresponsabilidad política, se podrán inventar más contralorías, comisiones y fiscalías pero los resultados continuarán siendo los mismos. Cuando la corrupción alcanza los niveles actuales sólo puede ser vencida con innovaciones institucionales radicales. Existe un amplio abanico de instituciones constitucionales que se tendrán que discutir en México, si se quiere hacer un esfuerzo serio para contender con la corrupción. En tanto que el poder siga muy concentrado y que carezcamos de instrumentos efectivos de control político sobre todos los órganos del poder, la lucha contra la corrupción será infructuosa porque las medidas de carácter represivo son apenas una parte de la solución, pero por sí solas resultan insuficientes.

Miguel Carbonell ha propuesto cuatro cuestiones fundamentales para promover el debate serio del tema:

Aprobar ya la legislación en materia de transparencia y acceso a la información, en la que se incorporen los más amplios y mejores estándares internacionales.

Crear la comisión nacional anticorrupción con facultades amplias de investigación y ejercicio de la acción penal en contra de funcionarios y exfuncionarios públicos.

Crear una comisión de expertos independientes que construya el marco normativo en materia de conflictos de interés.

Crear un buzón electrónico en el que cualquier persona pueda presentar denuncias en forma completamente anónima sobre posibles actos de corrupción y establecer un sistema de recompensas para aquellos casos en que se pueda determinar que en efecto sucedieron esos actos. ■

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