En una decisión insólita, un grupo de 250 consejeros locales y distritales del INE de 29 entidades reprobó la decisión del Consejo General de posponer la discusión de normas que frenen la compra y coacción del voto. En la sesión del miércoles 18 del mes en curso estaba previsto discutir sobre la imparcialidad en el uso de recursos públicos, así como garantizar que la ejecución de los bienes, servicios y recursos de los programas sociales se apeguen a su objeto y reglas de operación, con el objetivo de evitar su uso con fines electorales. La decisión de posponer ese debate provocó la retirada de los representantes de 7 de los 10 partidos con registro y su denuncia de que se ha integrado un grupo de consejeros al servicio del PRI, abriendo la primera crisis del nuevo árbitro electoral.
“No compartimos la decisión de posponer la discusión de tales temas, ya que su retraso no abona a la equidad de la contienda electoral en curso y pudiera afectar los principios rectores del INE e incidir negativamente en la percepción en torno al instituto, lo que a su vez puede impactar en la participación ciudadana en las urnas y afectar tanto el sistema de partidos como la opción por la competencia electoral por las vías pacíficas”, advirtieron los consejeros en un comunicado de prensa.
“En el contexto de los procesos electorales, hemos sido testigos de que los recursos públicos y programas sociales en ocasiones se utilizan con el propósito de incidir en la contienda electoral y para la compra y coacción del voto, siendo este último uno de los problemas torales de la democracia mexicana y uno de sus principales pendientes”, argumentaron. “Confiamos en que valorarán a conciencia los proyectos de acuerdo propuestos para su discusión, ya que es fundamental que el instituto tenga una posición clara y contundente contra la manipulación y coacción del voto ciudadano, a partir del uso indebido de los recursos y programas públicos a favor de candidatos y partidos políticos”.
Millones de mexicanos sabemos que los gobernantes utilizan los recursos a su disposición para mantener su dominio en el territorio gobernado o para conquistar otros; muchas personas han participado en el mercado electoral, como compradores o vendedores, como elementos activos o pasivos, entregando dinero en efectivo, bonos, vales y tarjetas, o como receptores de esas dádivas. Durante las campañas circulan miles de vehículos cargados de bienes de todo tipo destinados a “aceitar” el pequeño poder de decenas de miles de caciques que en cada colonia o pueblo han aprendido a traficar con los votos de sus “representados”, mientras que los poderes fácticos nacionales, estatales o municipales, y el crimen organizado apoyan con dinero en efectivo o en especie a candidatos de distinto signo, tejiendo sin pausa la red que permite el cotidiano tráfico de influencias que ahoga la vida institucional, deteriora el prestigio del Estado y propicia su captura. En síntesis: todos sabemos que la mayoría de autoridades, candidatos y partidos violan las reglas electorales, especialmente los topes de gastos autorizados, pero el Consejo General del INE se niega a enfrentarlo.
La polémica en curso y la crisis en el INE son un signo de que la élite del poder sigue siendo incapaz de enfrentar el hecho real de que existe una gran distancia entre el México real y el prefigurado en la Constitución General de la República, la inexistencia del Estado de Derecho. Si a ello agregamos el hecho crudo de que el pacto social que nos mantenía unidos está roto, que los procesos sociales más importantes se desarrollan al margen de la legalidad y que no tenemos acuerdo para disminuir la pobreza, la desigualdad social y territorial, la corrupción, la impunidad y la inseguridad; ni sobre el manejo de nuestros recursos naturales, especialmente el agua, los energéticos y minerales; tampoco sobre la integración y funciones del sistema de medios de comunicación electrónica, ni mucho menos sobre las conductas aceptables en la lucha por el poder, ni en otros muchos asuntos igualmente importantes que afectan la vida y expectativas de millones de compatriotas, muchos de los cuales expresan su opinión abandonando el país o traspasando la puerta que conduce a la criminalidad. Todo eso es lo que nos divide y no queremos atender. Ojalá que pronto inicie el dialogo que verdaderamente requerimos, pero para empezar sería bueno que el Consejo General aborde ya la asignatura pendiente referida en el título de este Péndulo. ■
