Si el secretario de Hacienda se comprometió a resolver el problema financiero de la UAZ y de algunos municipios, es porque es viable y posible hacerlo. Es decir, significa que antes de hacer un compromiso de esa magnitud los cuerpos técnicos de la secretaría previamente ya sabían cómo se puede operar la solución: de qué bolsas hacer uso, sobre qué justificaciones y en qué plazos. Sin embargo no han cumplido. Alguien podría argumentar que dicho incumplimiento puede deberse a la reducción de los ingresos petroleros. Sin embargo, la palabra fue empeñada en agosto del año pasado, mes en el que ya sabían cómo estaba el escenario de la debacle de los precios del petróleo: la información del excedente de producción que ascendía a medio millón de barriles diarios ya estaba localizada; y no sólo eso, había para ese entonces ya un pronóstico de que se ampliaría a 1.5 millones diarios. Por tanto, en agosto las previsiones ya estaban elaboradas. Así las cosas, el argumento del desplome del precio del petróleo no ha lugar para justificar el incumplimiento. Además, otro elemento adicional: este año los recursos presupuestales bajaron poco, se mantuvo esencialmente lo previsto. Por tanto, el incumplimiento no se explica por causas de imprevistos catastróficos. Entonces, ¿a qué se debe?
Otra explicación es la siguiente: están esperando poder operar el apoyo a cambio de la mutilación del Contrato Colectivo de Trabajo, y de reformas de acuerdo con las políticas de la SEP. Lo cual significa que esperan que llegue a sus escritorios una propuesta del Rector avalada por ambos sindicatos en el sentido de que renuncian a los derechos adquiridos a cambio del salvamento. En otras palabras: el desplome del sindicalismo como base para el saneamiento financiero de la institución. Esta explicación se corresponde con la experiencia de otras universidades estatales que tuvieron crisis similares. Sin embargo, la SEP no ha dado a conocer el resultado del diagnóstico que realizó hace unos meses a la Máxima Casa de Estudios; y que sobre esta evaluación iban a sugerir las propuestas de saneamiento. Por tanto, la SEP no da a conocer sus propuestas y Hacienda hace mutis a sus compromisos. Y no se observa que por parte del Gobierno estatal ejerza presión alguna sobre la SHCP para que libere los recursos prometidos, lo cual supondría la propuesta de operación de dicho apoyo por la vía de la SEP. De la Rectoría hay poco que comentar: no se ve que haga nada o, al menos, no lo informa.
Entregan información y llenan formatos que les mandatan desde la Subsecretaria de Educación Superior, pero por ningún lado aparece una propuesta propia para enfrentar la crisis. Queda el Spauaz como sujeto colectivo que puede exigir tanto a Gobierno estatal y Secretaría de Hacienda el cumplimiento del compromiso de resolver el boquete financiero de la UAZ, pero para ello, deberá contar con una acumulación de fuerzas sociales que lo pongan en condiciones de hacer tal cosa. Veremos si en estos días logran acumular fuerzas a partir de su unificación con otros sindicatos y con el tejido con organizaciones estudiantiles.
