Los recursos para la transparencia son escasos, y una comisión es insuficiente para garantizar la misma. Las atribuciones de la CEAIP son pocas respecto a la misión que tiene encomendada, en recursos económicos y en perfiles de sus miembros. Esto no quiere decir que no haya personas en la Comisión que tengan puesta la camiseta del compromiso con la transparencia, sino que existe una asimetría estructural en la conformación de la propia Comisión: hay una inadecuación entre la misión de los órganos de vigilancia y las capacidades reales de los mismos. En otras palabras, no basta con señalar en la ley una serie de objetivos en la transparencia, sino que se debe construir la estructura organizacional para implementar los dictados de la propia ley. Como no hay adecuación en estos dos ámbitos (el normativo y el organizacional), el objetivo de contar con un gobierno realmente transparente no se puede lograr. Para empezar, el diseño institucional para construir un gobierno transparente no debe estar sustentado en una comisión, sino que debe asegurar la transparencia en todas las instancias del gobierno, respetando la pluralidad y especificidad de cada espacio. Los retos son grandes.
La formación y consolidación del aparato estatal en México durante el siglo 20 supuso dos reglas implícitas en materia de información: por un lado, el manejo discrecional de la información (que en algunos casos implicó que los funcionarios se apropiaran de los archivos y documentos administrativos como si fueran parte de su patrimonio), y por otro la práctica del secreto que suponía negar sistemáticamente cualquier solicitud de información por parte de los gobernados; menos aún dar cuenta de las razones de la acción gubernamental. La solución consintió en establecer un conjunto de obligaciones genéricas para todos los sujetos obligados en los títulos primero y cuarto de la Ley de Acceso a la Información; pero hace falta incluir en la Ley las garantías organizacionales que eleven las capacidades de los órganos de vigilancia, y los procedimientos específicos para que los llamados sujetos obligados ofrezcan la información sin cortapisas.
En suma, debemos contar con tres elementos mínimos para mejorar la transparencia en el estado de Zacatecas: un grupo de comisionados con el suficiente empuje, capacidad técnico-legal y determinación, para forzar a los sujetos obligados a transparentarse; una ley que ofrezca suficientes competencias a estos órganos para actuar con eficacia; y un proceso permanente de evaluación de los evaluadores. En el segundo elemento, es importante se profundice en las capacidades organizacionales y de implementación de las obligaciones tratadas. En el actual trance de embestida a la transparencia en México, sólo esperamos que los órganos responsables de esta función (como la CEAIP), se compongan de comisionados comprometidos con los valores de la transparencia y, desde ahí, defiendan hasta con los dientes los avances que se han obtenido en ese aspecto y rechacen toda tentativa de retroceso.
