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miércoles, 24 abril, 2024
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Ejecutivo y Legislativo inhiben derecho ciudadano a conocer asuntos públicos

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Por: ALMA ALEJANDRA TAPIA •

■ Aumenta mil 500% el costo de copias por solicitudes mediante la Ley de Transparencia

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■ Ha sido polémico el nombramiento de Virgilio Andrade como titular de la SFP: Velasco

Por decreto del Ejecutivo estatal y con el aval de los diputados locales, el costo de cada hoja de una solicitud de acceso a la información efectuada vía la Ley de Transparencia, incrementó de más de mil 500 por ciento con relación a 2014.

La medida, que a decir de la comisionada presidenta de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública (CEAIP), Raquel Velasco Macías, inhibe la participación ciudadana en su derecho a informarse de los asuntos públicos.

Según la Ley Hacendaria del Estado, a partir de este 2015 el costo por cada copia donde se entregue al ciudadano información pública será de 15 pesos de forma impresa y 17 pesos digital; hasta el año pasado costaba un peso cada una, aunque ese precio promedio se mantiene en el resto de los estados del país, dijo Velasco.

Al respecto, la comisionada informó que la CEAIP presentó ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) una protesta por escrito, donde cuestiona que la maniobra se ha hecho para desmotivar a la gente a solicitar información.

“El ejercicio de un derecho no debe ser gravoso, por qué cobran cuota en las escuelas si la Constitución en su artículo tercero dice que es gratuita”, expuso.

Las declaraciones las hizo la comisionada, previo a la realización de la sesión ordinaria de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (CEAIP), realizada ayer en Zacatecas en su fase región centro-occidente y a la cual asistieron comisionados y consejeros de nueve estados y un representante del Ifai.

Aunque la CEAIP envió el oficio a la SFP, Velasco dijo que al no ser organismo autónomo no puede ejercitar acciones legales para controvertir el decreto, por contravenir el artículo sexto constitucional, por ahora se tienen que atener a las instrucciones del Ejecutivo.

Sin embargo, insistió en que el ejercicio del derecho debe ser gratuito y no como ahora, que una información puede costar hasta 10 mil pesos.

Incluso comentó que “en todas las dependencias” hay “muchas” quejas porque las Unidades de Enlace tienen atoradas las copias, porque cuando le dicen a la gente que debe pagar mil pesos o más, decide no ir.

Comentó que desde noviembre del año pasado en la Secretaría de Infraestructura (Sinfra) un ciudadano hizo una solicitud sobre los expedientes de todas las obras públicas hechas en el sexenio actual, y ahora le quieren cobrar 15 pesos por cada hoja.

La queja además radica en el hecho de que la información no fluyó a tiempo y ahora le quieren hacer retroactiva una ley, cuando el trámite se hizo en 2014 y la copia costaba un peso.

Respecto de la copia digital que cuesta 17 pesos, la comisionada presidenta consideró que no hay alguna razón para que incluso sea más cara.

 

Retroceso, en Ley General de Transparencia: Comaip

Raquel Velasco se refirió a la discusión en el Senado de la Ley General de Transparencia, tema que se abordó en la reunión de la Comaip y que del cual la próxima semana darán a conocer un pronunciamiento al respecto.

En tanto, la comisionada dijo que de entrada ha sido polémico el nombramiento de Virgilio Andrade como titular de la SFP, y por otro lado la preocupación sobre las 82 propuestas a la Ley General de Transparencia, que de aprobarse darían marcha atrás a la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, pues hasta se podría sancionar a los órganos garantes de la transparencia por pedir que se difunda información pública.

Se trata creyó, de resguardar la información que entes públicos consideren de manera discrecional que afecta la economía del país. ¿Dónde quedarían los contratos, licitaciones y documentos referentes a las leyes estructurales?, ironizó la comisionada.

La apuesta de las Comisiones de Acceso a la Información del país es que la “gente pensante”, los académicos, periodistas y otros sectores hagan un bloque común con los senadores que están en contra de las modificaciones, tal es el caso de Alejandro Encinas, Arely Gómez y Laura Rojas.

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