La mayor parte de los mexicanos cree que en México los votos se compran y se venden, que en los procesos electorales circulan grandes cantidades de dinero ilegal y que los gobiernos intervienen para favorecer a su partido distorsionando la equidad en la competencia política; esa percepción ampliamente mayoritaria es una de las causas de la pérdida de legitimidad de la mayor parte de autoridades electas en México. Por otra parte, las presiones del capital financiero internacional sobre los gobiernos nacionales, mediante instrumentos tales como las llamadas agencias calificadoras de riesgo como Moody´s, Fitch o Standard & Poor´s, los grandes fondos de inversión o el Banco Mundial y el FMI, para que apliquen las políticas neoliberales conocidas como Consenso de Washington, independientemente del signo ideológico del partido gobernante, ha agudizado la crisis de representación del sistema político, porque la ciudadanía ha llegado a la conclusión de que las autoridades no la representan y que sólo procuran las ganancias de unos cuantos y no el bienestar de la mayoría; esa circunstancia explica con toda claridad la emergencia inesperada de fuerzas políticas nuevas como SYRISA en Grecia, y PODEMOS en España, y el desplome de partidos como el PASOK O EL PSOE en los mismos países, que ubicándose como de izquierda no resistieron las presiones y gobernaron con los principios neoliberales y ahora millones de ciudadanos desencantados están cobrándoles la factura política.
En México, la hegemonía neoliberal produjo la reducción drástica de las diferencias entre PRI y PAN y la continuidad entre los sucesivos gobiernos de uno y otro partido a partir de 1982, con los resultados que hoy amenazan con generar estallidos sociales graves. Esa es otra causa de la pérdida de legitimidad de las autoridades, donde quiera que se ha aplicado el dogma neoliberal. Si a lo anterior agregamos la exposición pública de graves hechos de corrupción política y la condición de impunidad generalizada, así como la incapacidad para garantizar la seguridad y el derecho a la vida de quienes tienen en sus manos las riendas del poder del Estado, es fácil deducir por qué una parte importante de la sociedad mexicana ya no reconoce legitimidad alguna a las actuales autoridades, lo que se demuestra en la total incredulidad de la sociedad ante la narrativa del procurador Murillo Karam sobre los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa.
Se ha configurado una situación muy grave con tendencia a empeorar cada día que pasa debido a la nula iniciativa política de la élite del poder de México (gobernantes, militares, grandes empresarios y dueños de los grandes medios de comunicación masiva), y al deterioro de los precios del petróleo y la devaluación de nuestra moneda. Sólo muy pocas personas confían en que su vida mejorará en los próximos meses o años. Se ha generalizado la desesperanza y la irritación está a flor de piel. En este escenario parece increíble el comportamiento rutinario de la élite del poder, que al parecer está totalmente segura de que el aguantador pueblo mexicano nunca se dispondrá a cobrarles factura alguna y que las mayorías populares seguirán actuando con disciplina dentro del sistema por muchos años más. No toman en cuenta que la existencia de las redes sociales y otras modernas tecnologías de comunicación ya produjo una respuesta masiva de ciudadanos, en su mayoría jóvenes, indignados por la tragedia de Iguala, y que el activismo de millones de personas en las redes continúa y ha consolidado un enorme deterioro de la figura presidencial, lo que implica una ruptura con una de las conductas más arraigadas en el país: el culto a la investidura presidencial.
Ante las actuales circunstancias, bien harían las autoridades estatales en disponerse a comprometerse realmente a garantizar la equidad en el proceso electoral próximo, a impulsar reformas políticas verdaderamente innovadoras para lograr una transformación de fondo en el sistema de partidos de manera que los zacatecanos se apropien de ellos para ejercer con libertad y eficacia sus derechos políticos. Sería muy importante, por ejemplo, que se estableciera en la Ley la obligación de todos los partidos políticos de designar a sus candidatos para las elecciones estatales mediante elecciones primarias organizadas por el órgano electoral local, a celebrarse el mismo día. De esa manera, los ciudadanos zacatecanos de todos los partidos recuperarían la facultad de decidir sobre sus candidatos, hoy secuestrada casi totalmente por sus dirigencias nacionales. Esa sería una manera muy práctica de resolver la situación hipotética de que se inscribieran demasiados aspirantes a una candidatura independiente; las elecciones primarias también podrían resolver la elección de verdaderos representantes de los zacatecanos que viven fuera de nuestro territorio, especialmente en Estados Unidos, lo que constituiría una manera de fortalecer los vínculos entre los zacatecanos de aquí con los de allá.
Ese es un camino para recuperar la legitimidad de las autoridades. Ojalá que quienes pueden decidir lo hagan pronto, antes de que el piso se mueva con más intensidad y trastoque todo el orden establecido. ■
