Recién iniciado el 2015, el movimiento por la presentación con vida de los normalistas de Ayotzinapa continúa su ruta inquebrantable. Las jornadas nacionales del 26 de enero y 5 de febrero, confirman la tenacidad de la lucha que mantiene sus demandas en el foco de la atención nacional.
La protesta -que clama justicia por los 43 desaparecidos- ha incorporado otras demandas que cada día cobran fuerza y que están dando margen y curso a un debate de alcance nacional referente, a los comicios del presente año. Este movimiento radical opositor (el más importante de los últimos tiempos (por su repercusión tanto nacional como internacional), está llamando “farsa electoral” al proceso que se avecina por lo que nadie que esté interesado en los destinos del país, debería quedar al margen de esta discusión que está llamando al boicot electoral. En fin, ésta será una cuestión que retomaré más delante en esta serie de artículos…
En varios estados se llevaron a cabo acciones de las que dieron cuenta el periódico La Jornada y el semanario Proceso. En Chiapas, alrededor de 5 mil maestros tomaron las calles. También, en el marco del aniversario de la promulgación de la Constitución, bloquearon el Congreso del estado como respuesta a la violación de la Carta Magna por las “reformas estructurales”. Al igual que Guerrero, Chiapas sostiene la idea de boicotear las próximas elecciones.
En Oaxaca, maestros de la sección 22 de la CNTE, bloquearon los accesos del Congreso demandando la aprobación de la Ley Estatal de Educación, la libertad de presos políticos y el pago de salarios atrasados.
En Michoacán, fueron los maestros de la CNTE quienes dieron voz a la protesta exigiendo la presentación con vida de los 43 así como “juicio político y cárcel” a Peña Nieto y a Emilio Chuayffet, bajo los cargos (según se leía en algunas de sus mantas) de “traición a la patria, corruptos y asesinos”.
En la marcha del 26 de enero que culminó en la Plaza de la Constitución, los padres de normalistas sustentaron una y otra vez la consigna de que “votar, es votar por el crimen organizado”. Uno de sus voceros inculpó directamente al Ejército: “fueron militares quienes robaron los celulares; fueron militares quienes los golpearon”. Exigieron así mismo, investigar al Ejército (Batallón 27) y al ex gobernador del PRD Ángel Aguirre (Proceso).
La protesta capitalina marcaba insistentemente una advertencia: “En Guerrero, por las condiciones actuales, no se permitirán los comicios”. “La consigna es: ¡No a las elecciones!, Y junto a ese manto de boicot electoral, el Zócalo volvía a hacer eco de otra demanda que igualmente sigue cobrando fuerza a pesar de los oídos sordos del poder y de partidos “¡Fuera Peña” “¡Fue el Estado!”.
Los padres de los desaparecidos no estaban solos. Un Zócalo prácticamente repleto, resaltó la importancia del apoyo internacional y mantuvo su postura de no aceptar la versión de la PGR. Grupos sindicales de telefonistas, la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), el SME, la Sección 18 de la CNTE, el STUNAM, así como anarquistas, comunidades eclesiales, jóvenes de la UAM, del Frente Popular Francisco Villa (FPFV) y del Congreso Popular, se hermanaron con la lucha exigiendo justicia.
La protesta nacional/internacional, los testimonios y cuestionamientos de familiares y amigos de las víctimas, el trabajo periodístico independiente y la denuncia de organismos civiles, de derechos humanos y de científicos, han terminado echando por tierra la verdad histórica del procurador Murillo Karam, que sigue intentando exonerar al ejército y dar por terminado el caso de los desaparecidos: “Sin lugar a dudas, las investigaciones llevan a concluir que los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan” –asegura-.
Por ese río habrá de correr aún mucha agua antes de que los padres de los desaparecidos acepten la hipótesis “histórica” de que sus hijos están muertos. Son combatientes decididos; mujeres y hombres valerosos originarios de Guerrero con todo y lo que eso significa en su historial de lucha. Son padres de estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, institución que mantiene una firme y popular tradición y que hoy se ve respaldada por la solidaridad internacional que mira con recelo los informes oficiales y con espanto los hechos en Iguala.
“Peña Nieto pensó que con el paso del tiempo los padres nos íbamos a cansar y permitir así que este crimen quedara en el olvido. Pero se equivocó, aquí estamos para recordarle lo que ya le dijimos en Los Pinos: que si era incapaz de darnos una respuesta se fuera de la Presidencia”. Los padres, que dijeron estar seguros de que el gobierno tiene detenidos a sus hijos, tienen claro –al igual que una gran parte de la opinión pública– que se los llevaron municipales, federales y militares. De cara a la nación sostienen: “Los narcotraficantes aquí son del gobierno…” Continuará. ■
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