Es ampliamente comentada la deshonestidad del sector público en México. Legendaria. Y en ese ámbito conocemos la llamada corrupción, definida como usufructo privado de recursos públicos. Pero la deshonestidad en el sector privado también es importante y tiene su peso específico en el perjuicio del bien común, y por tanto es objeto del interés público. La deshonestidad es de muchos tipos, la hay desde el conocido soborno que incita a una red de corrupción y hace intervenir múltiples cálculos de riesgo, y que, al ver pocos mecanismos de protección del interés común, se cuela y domina amplias capas de la administración pública. También está la evasión fiscal: empresarios que ven la forma de no pagar sus obligaciones fiscales y tener ventajas absolutas con eso. Igualmente legendarios son los conflictos de interés entre los beneficios públicos y los privados, donde los intereses privados salen con enormes gracias ilegítimas. Ahora mismo tiene peso importante la falta de imparcialidad de los árbitros públicos con los negocios privados. Hay empresas que salen beneficiadas y con ello, destruyen las virtudes que pueda tener la competitividad en el mercado; y con ello, el efecto en el ritmo del crecimiento económico. Y sin duda, todo lo que afecte a la economía en su conjunto es de interés público, y por ello, es obligación del Estado regular.
Un tema estratégico de regulación es la obligación de los gobiernos de evitar los monopolios, porque estos deforman el equilibrio de cualquier economía. Junto a este tipo de regulación está el deber gubernamental de supervisar la calidad de los servicios prestados por los particulares, porque en la mayoría de los casos no es un asunto de conflicto entre agentes privados, sino que los malos servicios también distorsionan los equilibrios del mercado. Sobre todo cuando se trata de servicios estratégicos como la distribución de energéticos como gas o gasolina, o servicios de comunicación o transporte. Las ausencias de regulación siempre son sospechosas, porque dichas omisiones tienen beneficiarios concretos. Las actividades de supervisión, seguimiento y certificación son esenciales para que los servicios sean adecuados y exista garantía de objetividad en las reglas y honestidad en los productos esperados. Y esto último es de interés público. Estos aspectos pueden determinar el futuro de todo un sector de la economía, en este caso del industrial; si desde un inicio no hay garantías en las reglas del juego, se pueden afectar las futuras inversiones. Todo tiene consecuencias para el futuro. Ya observamos cómo a nivel nacional se destruyeron muchas de las virtudes de la competitividad en el sector de las comunicaciones por causa de la protección de monopolios; y en Zacatecas estamos observando las consecuencias de entregar a manos privadas servicios cuya naturaleza los convierte en monopolios naturales, como la construcción y operación de gasoductos, de carreteras, etcétera. En suma, la regulación de la actividad económica privada con todos sus componentes, no es poca cosa.
