En un Estado Democrático y de Derecho la voluntad popular emana del pueblo. Por lo tanto, es obligación del Estado garantizar las condiciones y herramientas necesarias para que la ciudadanía exprese, con su voto libre y secreto, su decisión a través de los comicios.
Partiendo de este principio es que me parece realmente grotesco que se considere siquiera la posibilidad de que el próximo 7 de junio no se realicen elecciones en zonas conflictivas del país, como lo serían parte del Estado de México, Michoacán y Guerrero.
Tomar una decisión como esa reflejaría una sumisión del Estado ante los grupos de la delincuencia organizada o de intereses ocultos.
Públicamente me manifiesto en contra de esa posibilidad, si es que en algún momento se consideró, porque ello representaría caer en el autoritarismo y la permanencia de los grupos delincuenciales en esas zonas, donde su gente vive y convive a diario con la violencia y la inseguridad.
Considero que es, precisamente, en esas regiones donde el Estado mexicano y el Instituto Nacional Electoral (INE) deben centrar su esfuerzo para que el próximo 7 de junio se lleven a cabo las elecciones.
Para que se desarrollen los procesos electorales, el Estado y el INE tienen la obligación de garantizar a la población el cumplimiento de sus derechos políticos electorales, que son derechos fundamentales. En caso contrario, se estarían violentando y eso no se puede permitir y mucho menos lo deben fomentar las propias autoridades responsables de avalarlos.
Soy un firme convencido de que al efectuar las elecciones en los lugares considerados conflictivos y lograr el cambio de las autoridades, se abona a resolver la compleja realidad que viven, porque se rompe con complicidades y corrupciones.
Gracias a que varios años fui representante del Partido de la Revolución Democrática ante el INE, conozco perfectamente el reto al que se enfrentará el Instituto para organizar y desarrollar los comicios en diversos puntos de la nación.
También sé del riesgo que para los funcionarios electorales podría representar su participación para organizar.
Pero es en esos dos puntos donde interviene el Estado al aplicar medidas para que los funcionarios electorales puedan desarrollar eficaz y eficientemente su trabajo; y, a la par, dar a las y los electores la posibilidad de emitir su voto de forma segura, libre y razonada.
El Estado mexicano no puede claudicar. Tiene y debe hacer un esfuerzo adicional para llevar a cabo la jornada electoral, pese a la amenaza que representa la inseguridad o los conflictos. Esos pequeños grupos no pueden ganarle al pueblo de México ni tampoco pueden imponer sus reglas ni condiciones.
Por ningún motivo deben cancelarse los comicios en el país y en ello incluyo a Michoacán, Guerrero y Tamaulipas y los estados en que se renovarán autoridades locales.
Tenemos que construir un país democrático y para lograrlo las elecciones son una parte fundamental, para permitir que la ciudadanía exprese su voluntad popular.
Nada ni nadie está por encima de México. No podemos ser rehenes de la delincuencia, de pequeños grupos o de intereses oscuros.
Coincido con quienes demandan que los comicios se lleven a cabo en todo el territorio mexicano, exijo que el Estado garantice la emisión del voto, que combata la inseguridad y enfrente a la delincuencia organizada.
Desde aquí quiero llamar a las autoridades de todos los niveles de gobierno y electorales para que organicen los comicios y garanticen la emisión del voto. También invito a las y los votantes a que cumplan con su derecho y obligación de sufragar, que no se dejen intimidar y que el día de la elección salgan a las urnas. ■
*Consejero Nacional del PRD
