El ejercicio del poder tiende a pasar por encima de los derechos de las personas. Por el solo hecho de ser persona tenemos derecho a pensar de manera particular y a expresarlo, a transitar sin obstáculos, a trabajar, a ingresar a la educación formal, a tener salud, y el más elemental de todos: a vivir. Cuando el pensamiento liberal quiso saber cómo explicar la existencia del Estado, se imaginó un estado de naturaleza donde este no existiera, e imaginó que ahí había una situación de guerra de todos contra todos, donde los más fuertes sometían a los débiles y se mantenían siempre en riesgo. Así las cosas, en esta narrativa liberal, fue necesario un pacto para que los individuos cedieran parte de sus derechos de defensa propia y se creara el Estado, y este último nos defendiera de los otros-semejantes a través del monopolio de la fuerza. Pero, ahora que se formó una entidad con el enorme poder que todos le damos (el Estado), la pregunta es, ¿y quién nos defenderá de él? Porque este poder puede usarse para violentar los derechos que debe defender. El Estado debe defender la vida y las libertades, pero también las puede socavar. Para contener al propio Estado se inventó la fragmentación de su poder y los equilibrios en su ejercicio. Pero no se ha logrado. Un sistema de partidos hace que los miembros de diferentes poderes sean del mismo partido, y con ello, eliminan la esencial división de poderes: dirigentes de diferentes poderes responden a un mismo interés. Por ello, se inventaron las Comisiones de Derechos Humanos, para que desde la sociedad civil hubiera un organismo reconocido por el Estado y así, hubiera un vigilante de que el ejercicio del poder no violara los derechos elementales de las personas. Pero pasa que estas Comisiones no realizan su misión, porque siguen teniendo lazos de dependencia respecto al Ejecutivo por vía de sus múltiples formas de operación.
En todos los casos más expuestos en la prensa en las últimas semanas, como son Tlatlaya, Ayotzinapa, el periodista de Medellín de Bravo, y las protestas del Zócalo, están involucrados agentes estatales: gobernantes municipales, policías, el Ejército, y las instancias que deberían procurar e impartir justicia. Y en todos estos casos -que son la muestra de muchos otros que no tienen la misma exposición mediática- las Comisiones de Derechos Humanos muestran su flaqueza e ineficacia. Han sido más efectivos los centros independientes de derechos humanos, como el Agustín Pro, el Fray Bartolomé o el Tlachinollan. Por ello, si se aseguraran dos rasgos esenciales de estas Comisiones, como la real autonomía y la capacidad investigadora, otra cosa será. Las Comisiones no deber desaparecer, sino que debe dotárseles de las condiciones esenciales para que puedan cumplir su misión. Los gobernantes tienen el interés de que sigan siendo inefectivas, porque Comisiones de Derechos Humanos efectivas limitarían la arbitrariedad de su poder; pero los ciudadanos tenemos el interés de que funcionen, por ello, deberemos promover que tengan autonomía y dientes para actuar.
