México, DF. Las indagatorias de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre el caso de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos han sido limitadas e insuficientes, a tal grado que formalmente ya no está abordando el caso como un tema de desaparición forzada, sino de secuestro, lo cual invisibiliza la magnitud del fenómeno y puede generar impunidad, señaló Amnistía Internacional (AI).
Por ello, la organización llamó a abrir nuevas líneas de investigación, que incluyan la supuesta participación del Ejército en las agresiones contra los estudiantes, pues la indagatoria no puede basarse en la confesión de dos supuestos criminales, quienes además alegaron haber sufrido tortura.
Luego de subrayar que México «enfrenta una de las peores crisis de derechos humanos en todo el hemisferio, que no dista de la que tienen países en conflicto armado», la especialista denunció que las acusaciones en contra del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, fueron reclasificadas por un juez como secuestro y no como desaparición forzada.
Cuando se le solicitó mayor información sobre este punto, el departamento de incidencia de AI explicó que actualmente ninguno de los detenidos por el caso Ayotzinapa está siendo investigado por desaparición forzada, sino por secuestro, homicidio o lavado de dinero.
Al presentar un informe con los resultados de la visita realizada por la organización a la Escuela Normal Rural «Raúl Isidro Burgos», Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI, lamentó que las evidencias forenses para sustentar la versión del procurador Jesús Murillo Karam sobre el caso son mínimas.
Para la directora regional de AI, lo ocurrido en Ayotzinapa es grave por sí mismo, pero también porque es el reflejo de que el gobierno mexicano no ha atendido de manera adecuada la crisis de derechos humanos que ha dejado miles de muertos y desaparecidos.
Perseo Quiroz, director ejecutivo de Amnistía Internacional en México, destacó por su parte que ante los reclamos de los padres por la falta de resultado de las indagatorias, «la estrategia que está adoptando el gobierno de la República es deslegitimar sus demandas» y tratar de presentarlos como violentos e intransigentes.
Por todo lo anterior, AI llamó a las autoridades nacionales a reconocer la crisis de derechos humanos, abrir nuevas líneas de investigaciones que incluyan a autoridades estatales y federales, investigar las denuncias de tortura de los acusados y a dejar de criminalizar a los padres y madres de los estudiantes desaparecidos.
