En México, la liberalización democrática iniciada en 1977 y traicionada por la élite del poder coincidió en el tiempo con: la implementación a partir de 1982 del modelo neoliberal que ha generado estancamiento económico, desempleo y un incremento en la desigualdad; con la generalización de la corrupción, la violencia y la inseguridad; y desde hace una década con la captura parcial del Estado por diversos grupos criminales, por lo que muchos mexicanos están convencidos de que la democracia no resuelve sus problemas, y un número cada vez mayor de ellos expresan que aceptarían un regreso al autoritarismo si les garantiza una mejoría en su calidad de vida.
Al mismo tiempo, con su actuación cotidiana los partidos y casi toda la clase política han provocado que en la actual realidad nacional y zacatecana la política se haya reducido a la lucha descarnada, al margen de todo proyecto, en y entre los partidos, por las candidaturas y las posiciones de representación popular; a conseguir recursos económicos para garantizar el funcionamiento de la maquinaria electoral, para financiar las campañas mediáticas y, en ocasiones, para condicionar el voto de los más pobres, aunque no sólo de ellos; y a controlar el poder del Estado como un fin en sí mismo, para reproducir y ampliar su poder y alcanzar sus objetivos particulares.
No tienen lugar procesos sociales para elaborar los proyectos y formar ciudadanos, donde se formen liderazgos sólidos y capaces, y los ciudadanos se agrupen alrededor de proyectos y dejen de ser tratados como clientes. Así, los procesos electorales han sido despojados de todo contenido relevante para la sociedad, deviniendo en competencia de carismas personales y en torneos de mercadotecnia y manipulación de grupos sociales, recreando y fortaleciendo con ello las relaciones sociales y los vicios del viejo régimen. En síntesis han propiciado un proceso degenerativo de la actividad política ganándose a pulso el repudio social.
Ante este hecho, urge crear un amplio consenso entre los zacatecanos en el sentido de que para evitar involuciones graves y consolidar nuestra deteriorada democracia, partidos políticos, autoridades y sociedad civil deben trabajar intensamente en la formación de ciudadanos conscientes de sus derechos y responsabilidades, y en una reforma del Estado que propicie la recuperación de su legitimidad aumentando su eficacia para garantizar la vigencia de los derechos de todos.
El indispensable gran acuerdo en lo esencial entre los zacatecanos debe asumir que la política en Zacatecas está obligada a cumplir las siguientes funciones: Concebir, con la más intensa y amplia participación social, los proyectos para enfrentar los problemas públicos principales; los distintos proyectos así diseñados deben ser la base sobre la que se construyan los distintos partidos políticos; la formación de los dirigentes políticos, que debe ocurriren el debate permanente sobre los proyectos, en los partidos y entre los partidos, de cara a la sociedad; acordar las nuevas reglas que permitan constituir un poder público comprometido con el proyecto escogido por la sociedad mediante procesos electorales que permitan la emisión del voto libre y auténtico; y evitar que nunca más la política dependa de la capacidad financiera de partidos y candidatos.
El acuerdo que requerimos debe contener, mínimamente medidas concretas para: formar una ciudadanía amplia, con una cultura política sólidamente asentada en los valores democráticos; crear conciencia en la ciudadanía acerca de las limitaciones que hoy afectan al poder público local y municipal, en su capacidad para resolver los problemas; promover la participación de cada vez más zacatecanos en el debate de los asuntos públicos más relevantes para la formulación de los proyectos fundamentales; propiciar que la ciudadanía identifique las diferencias entre los proyectos y configure una clara relación entre un proyecto y el partido que lo propone, de manera que se agrupen las voluntades ciudadanas y que ello sea la fuente de legitimidad y fuerza de los distintos partidos políticos; estimular la creación de una poderosa red de organizaciones civiles que enriquezcan el debate y promuevan el control social de la gestión pública; propiciar que los medios de comunicación contribuyan al debate sustantivo de los proyectos y plataformas electorales y a lograr que el voto exprese la identificación del elector con uno de ellos; y garantizar la transparencia de la gestión pública como una manera de combatir la corrupción y la influencia ilegítima de los poderes fácticos.
Desde mi punto de vista, la complejidad de nuestros problemas exige una gran responsabilidad de toda la élite del poder local, y mucha claridad para entender que nada ganaremos con soslayar la gravedad de la situación. Sólo la voluntad expresa de reconstruir desde sus cimientos los principios e instituciones de nuestra convivencia en democracia permitirá recuperar la confianza de los ciudadanos en la política y los partidos políticos.
