Sesenta años de edad promedian los productores agrícolas en Zacatecas, informó hace unos días Benjamín De León Mojarro, director local de la Conagua. Lo que significa que quienes producen los alimentos que consumimos todos, están en la tercera edad, y que pronto, como es natural, no podrán trabajar más.
En los últimos años, los herederos de esas tierras han rehusado involucrarse en esas labores al no resultarles redituables.
En el mejor de los casos, optan por tener una vida profesional o comercial que les permita vivir más desahogadamente. Pero son pocos los que tienen suerte en ese camino. Otro porcentaje de la población campesina opta por usar su fuerza de trabajo en sectores industriales, mineros, e incluso delictivos. Y para muchos más, el mejor camino es emigrar a Estados Unidos a labrar tierras ajenas.
Para los más jóvenes, tanto del sector rural, como urbano, el campo es casi per se un espacio de pobreza. Cuesta creer que no ha sido así siempre, que hay causantes con nombres y apellidos, y que fueron acciones políticas y económicas las que nos llevaron a la circunstancia actual.
Durante el sexenio de Carlos Salinas se minó la rentabilidad del campo a través de diversas acciones, entre ellas, la cancelación del reparto agrario producto de la Constitución de 1917, el empuje a la privatización de tierras ejidales y comunales, el cierre y/o privatización de instituciones fundamentales para el sector agrícola, como Fertilizantes de México (Fertimex), Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera (Anagsa), Alimentos Balanceados de México (Albamex), Industrias Conasupo (Iconsa), etc.
También desaparecieron los precios de garantía para el arroz, sorgo, trigo, soya, cártamo, frijol, etcétera, se modificó la Ley Federal de Agua generando privatizaciones, y se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte que hizo competir en condiciones absolutamente desiguales a campesinos canadienses, estadounidenses y mexicanos,
Todo ello ha significado que nuestras tierras fértiles queden desperdiciadas, y nuestra población en edad y condición de trabajarlas migre, muera en la pobreza, o mate en el crimen organizado. Mientras, gastamos miles de millones de dólares en comprarles alimentos a otros países. Y así, mientras en 1980 comprábamos 27% del arroz que consumíamos, hoy importamos 75%, por poner solo un ejemplo.
El abandono al campo debe preocupar no solamente a quienes viven directamente de él, sino a todos quienes ingerimos sus productos, es decir a TODOS. Si bien para algunos bastaría la ética para justificar la preocupación, otros quizá tengan que saber que si hoy en el campo hay hambre, mañana habrá en las ciudades.
Además de ello, los antitaurinos, los animalistas, los que prohíben los animales en los circos, y todo aquel a quien preocupe la salud de este planeta, sabrá que además de nuestros alimentos, el campo nos procura aire puro, agua limpia y diversidad biológica que demos preservar.
Para la recuperación y modernización del campo en el caso de Zacatecas, Benjamín de León plantea que se debería facilitar el acceso a créditos a este sector, para poder así transitar a la siembra controlada de acolchados e invernaderos, lo que significaría aumentar la producción de 30 hasta 50 o 300 toneladas por hectárea (según el sistema de riego usado).
De acuerdo al director de Conagua, esto permitiría una creación de empleos que pudiera incluso superar a los que genera la industria minera, cuyas frecuentes consecuencias ecológicas y sociales de sobra conocemos.
Por su parte, un grupo de intelectuales, entre los que están Armando Bartra, Víctor Suárez, Carlos Tello, Víctor Manuel Toledo, Rogelio Ramírez de la O, Lorenzo Meyer, entre otros, coordinados por Jesús Ramírez Cuevas, propusieron un “Nuevo Proyecto de Nación” (publicado en Grijalbo) que en el tema agrario sugiere: moratoria a la siembra de transgénicos, renegociar el capítulo agropecuario del TLCAN para rescatar la soberanía alimentaria y proteger los derechos de los campesinos, permitir la importación de alimentos sólo en casos probados de desabasto, y la de exportación sólo en caso de excedentes, restablecer el papel rector del Estado en los mercados agroalimentarios, regular precios al productor y al consumidor, reformar el artículo 27 a fin de garantizar la propiedad social de la tierra, y los recursos territoriales de los pueblos indios, ejidos y comunidades, incentivar el empleo rural con inversiones públicas estratégicas (construcción de caminos, tecnificación de riegos, infraestructura hidroagrícola, reforestación, etc.), entre otras medidas.
Realistamente sabemos que tendría que haber otro gobierno para que todo esto sucediera, pero realistamente también, sabemos que el campo no aguanta más. El cambio de rumbo es urgente. ■
@luciamedinas
