México, DF. Acapulco es el municipio que tendrá la partida presupuestal más grande para prevenir la violencia y el delito. A su vez, Guerrero, con la mayor tasa de homicidios dolosos, es la entidad con una bolsa mayor para este fin, 207 millones de pesos, a gastar el año entrante.
El plan federal antidelito tiene para 2015 un presupuesto general de 2 mil 683 millones de pesos, apenas 3 por ciento más que el actual.
Aunque el país tiene 2 mil 440 municipios (más 16 delegaciones en el Distrito Federal), el proyecto para prevenir el delito cubrirá para el año próximo 66 ayuntamientos (3.6 por ciento del total); cinco delegaciones capitalinas; siete zonas metropolitanas y dos conurbadas.
Por ayuntamientos, encabeza la lista Acapulco y le sigue Ciudad Juárez, Chihuahua, con un apoyo federal para esta materia de 78.4 millones de pesos; Tijuana, Baja California, 63 millones; Culiacán, Sinaloa, 63.5; Ecatepec, Estado de México, 57.5; Iztapalapa (Distrito Federal), 53.3, y Gustavo A. Madero, también en la capital del país, 41.7 millones.
Por zonas, sobresale el área metropolitana de Guadalajara, con 127.3 millones; seguida por la de Monterrey, con 129.3, y la Laguna, con poco más de cien millones. Más atrás, en cuanto a recursos, está la zona metropolitana de Veracruz, Cuernavaca y Querétaro.
La Secretaría de Gobernación publicó hoy en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos para el otorgamiento de apoyos a las entidades federativas en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito.
Las entidades federativas recibirán las ministraciones en dos partes; la primera corresponderá al 70 por ciento del monto asignado y será entregada a partir del 15 de febrero de 2015, previa acreditación de las obligaciones establecidas en los lineamientos, y la segunda corresponderá al 30 por ciento del monto y se ministrará a partir del 15 de julio de 2015.
El acuerdo establece que el ejercicio de los recursos federales y las políticas, proyectos y acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia de los tres órdenes de gobierno deberán alinearse a la seguridad ciudadana, con enfoque a los derechos humanos, perspectiva de género y cohesión comunitaria.
Para la planeación, programación, asignación, distribución, implementación y evaluación del Programa deberán de observarse los principios de respeto irrestricto a los derechos humanos; integralidad; intersectorialidad y transversalidad; trabajo conjunto; continuidad de las políticas públicas; interdisciplinariedad; diversidad; proximidad; así como transparencia y rendición de cuentas.
