Madrid. Los movimientos sociales españoles y algunas de las asociaciones de estudiantes y ciudadanos mexicanos en el Estado español realizaron una ofensiva pública para reclamar a las autoridades mexicanas “justicia para Ayotzinapa”, que consistió en concentraciones frente a la Embajada de México en Madrid y el Consulado de México en Barcelona, así como la entrega de una misiva en las expresan su repudio a la “impunidad” impera en el país. Los actos se realizaron precisamente hoy para hacerla coincidir con el aniversario de la matanza de Acteal, en la que el 22 de diciembre de 1997 fueron masacrados 45 indígenas en la localidad chiapaneca de Chenalhó.
Desde las asociaciones de estudiantes y mexicanos en Barcelona y Madrid -entre las que están el Movimiento 132- se instó a la plataforma de las Marchas por la Dignidad que hicieron un acto conjunto para reclamar al gobierno de México, del Presidente Enrique Peña Nieto, la situación en la que se encuentran los desparecidos y sus familiares.
En la sede de la diplomacia mexicana en Madrid, que encabeza Roberta Lajous, se concentraron unas veinte personas que portaban una pancarta en la que se reclamaba justicia para Ayotzinapa, pero también se colocaron en el suelo unas fotografías de los estudiantes desaparecidos y se encendieron unas veladoras. En Barcelona ocurrió algo parecido, pero frente al consulado, donde también se entregó una carta que llevaba el respaldo de numerosas organizaciones civiles, sindicales y estudiantiles de la región.
En la misiva se advierte que al cumplirse casi tres meses de los hechos de Iguala, Guerrero, donde perdieron la vida seis personas y fueron “detenidos-desaparecidos” 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa”, las asociaciones presentes “expresamos nuestra indignación por las desafortunadas palabras emitidas por la presidencia en torno al llamado a “superar” la tragedia de Ayotzinapa y al “ya me cansé” de la Procuraduría General de la República que son un agravio más a la larga lista de desatinos del Estado en la procuración de justicia y en la prevalencia de los Derechos Humanos”.
Y añaden que el Estado mexicano, “al no asumir con seriedad y responsabilidad las investigaciones sobre el caso, fomenta la impunidad y la corrupción en la administración pública y en las fuerzas armadas y policiales del país”. Por lo que exigen “que se realice una investigación certera y que se deslinden responsabilidades en los tres niveles de gobierno, incluyendo el lamentable papel de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Policía Federal y el Ejército mexicano”. Además de que se actúe “con celeridad y claridad sobre el destino de los 43 estudiantes que fueron detenidos-desaparecidos, según comunicados oficiales, por fuerzas policiales municipales. Así que siendo el Municipio la expresión básica del Estado, es el Estado el responsable de las desapariciones”.
