- Agenda Política
Información pública recabada por este diario acerca de los gastos personales de la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas en los últimos cuatro años, los cuales -registra la funcionaria- fueron utilizados para “consolidar” la agenda del organismo autónomo, así como para generar un mayor impacto de los cocientes que se obtienen de las políticas públicas ahí diseñadas, han intentado ser contenidos por la parte acusada en apenas dos espacios radiofónicos (donde coincidentemente también es colaboradora semanal) y un medio impreso ajeno a La Jornada Zacatecas (ayer en el Sol de Zacatecas).
En su última entrevista radiofónica de la que se tenga dato, ofrecida por la funcionaria electoral al noticiero Enlace, del locutor Francisco Esparza, Leticia Soto buscó abordar las acusaciones (que son más bien una valoración con respecto a números fríos obtenidos por peticiones de información) y afianzar la idea de que sus gastos personales los utilizó para “dar a conocer los resultados exitosos” de la institución para la que labora.
Su posición con respecto a la controversia da al traste con la idea de que el árbitro electoral es un cuerpo colegiado en el ejercicio de sus atribuciones de manera horizontal (siete miembros de un consejo), para imponer la idea de que el hecho de tener a un presidente (que para el caso de las instituciones autónomas no es más que un representante) es una oportunidad de imponer agendas personales dentro de la función pública electoral. Grave visión de un organismo en pleno uso de su autonomía.
Los datos revelados por este periódico buscan cuestionar elevados gastos en distintos rubros, los cuales no sólo han incrementado de manera anual, sino que se han visto involucrados de forma inquietante en procesos políticos donde la autoridad electoral no respondió de manera óptima.
En el caso de las partidas por diversos conceptos devengadas al investigador César Iván Astudillo, las cuales amasan en cuatro años casi el medio millón de pesos, chocan de manera frontal con la inferencia del académico en el reciente proceso de renovación del consejo electoral estatal durante la apreciación de los ensayos de los participantes que obtuvieron una calificación suficiente para entrar a esta etapa de la convocatoria.
El mismo investigador, en uso de sus funciones, mantiene un activismo constante con otros institutos electorales estatales. Hecho que no da lugar a dudas sobre el nivel de cercanía que mantiene con funcionarios electorales, y situación que realiza libremente sin que por ello traspase con la norma establecida.
Sin embargo, el hecho de recibir fuertes sumas monetarias por su trabajo y colaboración con los organismos públicos electorales (y como representante de otra institución autónoma), sí previene algunas dudas de la parcialidad de su función dentro de la convocatoria de renovación de los consejos electorales estatales, tomando en cuenta que la convocatoria no respalda el principio de máxima publicidad, en cuanto no tenemos elementos ni información sobre los criterios con que se diagnostica la idoneidad o no idoneidad de quien se califica en un documento escrito. Tampoco sabemos por qué la convocatoria Zacatecas arrojó la menor cantidad de candidatos finalistas a un asiento al Consejo General del OPLE.
El Instituto Nacional Electoral reconoce que no ha terminado de pulir las convocatorias de renovación de estos consejos, pero no da espacio a que participen otras instituciones académicas que ayuden a restar el monopolio que mantiene el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en manos de tres investigadores de los cuales sólo se conoce un perfil, en un proceso político de dimensiones palpables.
Es en esa misma argumentación donde medio millón de pesos destinados a un académico (no a la institución a la que pertenece) legitima dudas sobre los criterios que obran en un concurso público.
Los juristas bien podrán decir que mientras no haya elementos claros de la incidencia no es necesario cambiar el rumbo del procedimiento establecido. Tienen razón, no hay elementos, no por ahora. Pero la inexistencia de los mismos no garantiza claridad necesaria para los actores participantes y testigos de las convocatorias.
En el rubro de asesorías no queda claro por qué después de diversas reuniones de la consejera presidenta en la Ciudad de México y Monterrey con funcionarios electorales, presidentes de otros órganos electorales, legisladores y académicos a finales de 2013 a 2014 (entre el Pronunciamiento Zacatecas, como resalta la funcionaria, y la promulgación de la reforma política en febrero de este año) en marzo pasado haya transferido a un especialista, de quien no se tiene información, alrededor de 174 mil pesos ¿para resolver dudas de una reforma que la funcionaria trabajó, debatió, criticó con mano dura y luego aceptó en el lapso de siete u ocho meses? ¿Defendía su postura o la de siete consejeros? ¿Los otros consejeros por qué no mantuvieron el mismo activismo?
