México, DF. Después de poco más de siete horas de intenso debate entre las autoridades hacendarías y los ahorradores defraudados por Ficrea, se logró un acuerdo, en principio para realizar una compulsa de los datos del interventor que avaló la disolución y liquidación de la Sociedad Financiera Popular.
Fernando Aportela Rodríguez, subsecretario de Hacienda, en entrevista aseguró que el gobierno de la República lo que va a hacer es apoyar a los ahorradores defraudados en el esquema que sea más favorable para sus intereses, pero siempre cumpliendo con la ley.
A las cuatro de la mañana de este sábado, el subsecretario de Hacienda se comprometió a que el lunes 22 de diciembre se reúnan representantes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el interventor de Ficrea y personal de la PGR, así como el director de banca de desarrollo de la Secretaría de Hacienda y acudan a Palmas 405 para cotejar los números con los que se justificó la liquidación de Ficrea.
Entrevistado a las 3:40 horas de esta madrugada, el funcionario explicó que en cuanto a los directivos de Ficrea la Procuraduría Fiscal ya ha presentado denuncias ante la Procuraduría General de la República ( PGR) y se estará actuando conforme a derecho en contra de estas personas.
Manifestó su solidaridad con los ahorradores que fueron víctimas de un fraude y detalló que hay ahorradores defraudados con cantidades de 70 millones, 14 y algunos de cuatro millones de pesos y en ese sentido creemos que es un tema importante.
También lo que es relevante es que para los pequeños ahorradores hay un seguro de protección y que ese seguro al menos a 42 por ciento de los ahorradores de Ficrea estarán cubiertos al cien por ciento.
Describió que la forma de operar era muy similar al esquema de pirámide y se van obteniendo más recursos y ahorro y se van desviando y fue lo que desafortunadamente pasó.
Recordó que ayer viernes la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) retiró la licencia a la Sociedad Financiera Popular (Sofipo), Ficrea y la verdad es que los acreedores han sido sujetos de un fraude y en ese sentido «nosotros nos solidarizamos con ellos».
Destacó el fraude y dijo que el dueño de la empresa Ficrea, Rafael Olvera Amezcua, y su equipo directivo hicieron un fraude en perjuicio de los depositantes.
El fraude, explicó, funcionaba a través de Ficrea y los recursos que se recibían se depositaban con crédito en tres arrendadoras, mismas de las cuales el señor Olvera Amezcua era dueño y accionista principal, y de los recursos de la intervención que se hizo se encontró que de 5 mil 900 millones de pesos que se depositaron en esas tres arrendadoras ( Leadman Trade, Bus & Jackman Leasing y Monks Comercial) se le prestaron 3 mil 200 millones de pesos, documentados como cartera y 2 mil 700 millones han sido desviados para usos de compra de viviendas y de vehículos.
» Quiero también señalar que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores actuó conforme a derecho y lo hizo en tiempo y lo más importante, actuó para detener lo que estaba sucediendo y era que cada vez más créditos se desviaban, más recursos de la gente a estas arrendadoras donde ya no existía ningún respaldo de recursos.
«También lo que hizo la CNBV al intervenir fue evitar que más ahorradores depositaran en Ficrea más recursos teniendo este problema».
El mensaje de la SHCP, dijo, es que estamos con ellos en el apoyo y queremos que recuperen la mayor cantidad de recursos posibles y que los delitos que se generaron por estos personajes enfrenten las sanciones correspondientes.
Segundo que lo que se va a hacer de apoyo se tiene que hacer con apego a la ley y en ese sentido dentro de la ley buscaremos soluciones para sacar lo más posible, lo que haya en el patrimonio de Ficrea.
Desde el mediodía de ayer los ahorradores defraudados tomaron por la fuerza las instalaciones de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y como medida de presión para ser atendidos por las autoridades hacendarías mantuvieron por cerca de nueve horas a unos 400 empleados retenidos hasta que a las 21:00 horas. El subsecretario Aportela Rodríguez llegó al lugar y se ofreció como moneda de cambio para permitir la salida de los empleados de la Condusef, quienes abandonaron el edificio, pero sin sus vehículos que estaban en el estacionamiento.
Tras un acalorado debate con los ahorradores, fue hasta las 4:00 horas de esta madrugada cuando se llegó al acuerdo de revisar las cuentas que el interventor Federico Manuel López Cárdenas entregó a las autoridades ante la desconfianza de los defraudados.
Según el diagnóstico de la CNBV y del interventor, la cartera de crédito era de 6 mil 284 millones de pesos, de los cuales 5 mil 900 millones se transfirieron a empresas relacionadas con el dueño de Ficrea y solamente se pudo constatar la integración de expedientes de arrendamientos por 3 mil 200 millones de pesos. El resto de los recursos 2 mil 700 millones fueron gastados en adquisición de automóviles, casas y otros gastos personales.
La SHCP propuso que la banca de desarrollo adquiera la cartera para monetizarla de manera expedita buscando maximizar el valor de recuperación, propuesta que fue rechazada por los ahorradores defraudados.
José Franco, integrante de la comisión negociadora de los ahorradores, propuso que la banca de desarrollo adquiriera la cartera total, los activos, derechos y administre la cartera para recuperar el 100 por ciento de sus inversiones. Esta posibilidad fue rechazada por el subsecretario Fernando Aportela y por el presidente de la Condusef, Mario Di Costanzo, quienes manifestaron que no se podría realizar este procedimiento porque era ilegal.
Los ahorradores defraudados exigieron la derogación de la quiebra de Ficrea y culparon de omisión, negligencia o complicidad al presidente de la CNBV, Jaime González Aguadé, por incumplir sus promesas de que no se iba a declarar la quiebra e iban a recuperar el 100 por ciento de sus ahorros y no cumplió.
El funcionario no asistió a la reunión que tenía comprometida con los ahorradores ayer viernes, acusaron los afectados.
Hasta este amanecer la sede de la Condusef continuaba tomada por los ahorradores defraudados bajo una estrecha vigilancia del cuerpo de granaderos de esta ciudad.
