■ Principalmente debería encargarse de la investigación del delito de lavado de dinero
■ Grave, que aún no actualiza información de la base de datos del Registro Público de la Propiedad
La Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) que depende de la Secretaría de Finanzas (Sefin) del estado y que, según ha expuesto en reiteradas ocasiones el procurador general de Justicia, Arturo Nahle García, en los últimos cuatro años ha dado “cero resultados”, recibió durante 2014 un recurso superior al medio millón de pesos.
Fueron más de 520 mil pesos los que se le otorgaron a esta instancia que debería encargarse de la investigación del delito de lavado de dinero, principalmente, de acuerdo con lo explicado por el procurador, y de igual forma, como se describe en un informe oficial de actividades, es la instancia encargada de “la integración y el análisis de información en materia de prevención y combate al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita”.
Estos recursos provienen del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), enviado por la Federación a todos los estados, así como al Distrito Federal.
Este año no es el primero en el que la UIPE recibe dinero para operar, sino que durante varios ejercicios ha obtenido recursos sin que se haya hecho “ni una sola puesta a disposición del Ministerio Público”, de algún sospechoso de haber cometido un delito de las características antes señaladas, según ha referido el procurador en otras entrevistas.
Por ejemplo, respecto a los recursos que aplicó en 2013, en el Informe Anual de Evaluación Respecto del Ejercicio de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP 2013), el cual se encuentra publicado en la página web de la Sefin, se expone que Gobierno del Estado cumplió en ese ejercicio 22 de los 28 objetivos de este organismo; pero, a la par, se realizan también una serie de recomendaciones por parte de la empresa que evaluó el programa.
Entre las metas incumplidas por la administración gubernamental de Zacatecas, se encuentra la de no haber elaborado todavía un Reglamento Interno de la UIPE y, como un caso más grave, el no haber actualizado la información de la base de datos del Registro Público de la Propiedad, la cual en estos momentos “es obsoleta, por lo que los datos que se obtienen de ella no son actuales ni confiables”.
Por otra parte, como recomendaciones derivadas de este informe están la de capacitar al personal, que son cuatro empleados, según lo que se advierte en este mismo documento, en temas de inteligencia financiera y auditorías fiscales, además de contratar a un especialista en computación para el desarrollo tecnológico de la unidad.
Aparte de estos señalamientos, también se subraya que la UIPE debe “diseñar mecanismos de comunicación formal con autoridades de los tres niveles de gobierno, con el fin de complementar la información necesaria para la realización del análisis”, así como “difundir entre las instituciones competentes la obligación que tienen de proporcionar información a la UIPE”.
En estas páginas también se enumeran logros como el de haber tipificado en la reforma al Código Penal como delito la conducta de operación con recursos de procedencia ilícita y terrorismo y su financiamiento, y el de la aprobación de la Ley de Extinción de Dominio que permite “acceder a beneficios económicos producto de los bienes incautados a la delincuencia”.
