Cada vez queda más en claro, que la violencia extendida por diferentes regiones del país obedece a un plan preconcebido por la oligarquía y sus gobiernos para hacerse de mercados, zonas de cultivo y riquezas naturales. El petróleo, el gas, la minería, las tierras de cultivo, bienes raíces así como el negocio de la droga, son en todas partes, centros de la disputa del Estado empresarial mexicano.
Por su cuenta –viéndose obligados a abandonar sus bienes y propiedades– muchos pobladores emigran de sus lugares de origen ante la falta de oportunidades o cuando quedan atrapados por la violencia y el fuego cruzado de la llamada “guerra contra el narcotráfico”. Por dondequiera se observa un despliegue fuerzas militares, estatales o municipales, cuando no de “fuerzas especiales”, de “contrainsurgencia” o las propias del narcotráfico que entre todas han desatado el terror y la tragedia humana: Más de 120 mil muertos y 32 mil desaparecidos en los últimos años confirman el forcejeo de los mercados con sus altos índices de violencia.
Junto a esto, los más recientes acontecimientos de Iguala obligaron a Enrique Peña Nieto a anunciar “nuevas medidas para superar la emergencia”. Entre ellas la creación de policías únicas (mandos únicos) en cada entidad federativa que, como es sabido, habían sido ya promovidas por la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) durante el sexenio anterior. El caso es que esta iniciativa –que pretende integrar las corporaciones policíacas municipales a un mando único estatal– tiene por objeto trasladar el mando del alcalde y de sus policías, al Poder Ejecutivo. El presidente municipal, responsable de la seguridad pública en su territorio, se verá sometido a la autoridad del gobernador en turno, con lo que perderá autonomía y se verá supeditado a un esquema de seguridad pública con orientación militar.
La propuesta de mando único puesta en marcha, está muy lejos de ir al fondo del problema. Los derechos sociales (educación, salud, vivienda, empleo, alimentación, cultura, recreación y servicios públicos) constantemente transgredidos por autoridades de los tres niveles de gobierno, dejan a los pueblos a merced de la delincuencia, quien ofrece las “oportunidades” que las autoridades les ha negado por años.
La delincuencia se hace así de una base social, pero claro que no actúa sola. La delincuencia organizada ha penetrado la estructura del poder político, económico y financiero, promoviendo complicidades que, evidentemente, no serán combatidas por los mandos únicos. Habrá que revisar la estadística empírica –no oficial—de los casos en los estados en los que ya se está implementando el mando único estatal (violándose el 115 de la Carta Magna) antes de la reforma constitucional y cuya titularidad administrativa ha recaído en militares de carrera (Aguascalientes, Chihuahua, Nuevo León y Baja California).
Raúl Ramírez Baena en un artículo publicado en relación con los mandos únicos, señala que la centralización del mando no es un antídoto contra la corrupción policial. Que la iniciativa de Peña Nieto en su más reciente decálogo, no prevé que pudiera ser más fácil para los cárteles de la droga cooptar y controlar a 32 corporaciones policíacas estatales, ni que la centralización operativa y administrativa del mando policial puede provocar a su vez la centralización de la corrupción.
El hecho de pasar de un régimen policiaco municipal a uno estatal –dice él– no cambia esencialmente las cosas, porque la corrupción y la impunidad son un cáncer en el sistema político y financiero que atraviesa la nación entera y que es más grave en los altos niveles de gobierno y en los grandes negocios entre los que se encuentran todo tipo de “concesiones y licitaciones” multimillonarias como las recientemente ventiladas en la prensa nacional.
Siendo director ejecutivo de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, AC, atinadamente Ramírez Baena señala que la iniciativa de mando único aborda la reestructuración policiaca desde la perspectiva del combate a la delincuencia organizada, pero no de la seguridad pública como un derecho humano. Que, todo lo contrario, evade el tema de los derechos humanos, incluidos los derechos de la propia policía.
Se debe admitir que “hay municipios del país con nula o escasa cantidad de elementos de la policía preventiva, mal preparada y mal pagada, que son rehenes de la delincuencia organizada y del narco, quienes imponen un régimen de terror y de muerte”. Sin embargo, en opinión suya, esta idea no se puede generalizar para todo el país por lo que antes de proponer un mando único, se deben considerar el reforzamiento institucional, el área social, cultural, recreativa y hasta deportiva, con apoyo presupuestal en esos municipios con nula o escasa fuerza policial preventiva. Ya se verá… pero todo indica que el modelo neoliberal de gobierno continuará con todo y su estela de violencia. ■
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