El 11 de agosto el presidente Peña declaró que daba por concluidas las reformas que México necesita. Sólo unos días más tarde, el 26 de septiembre,con la desaparición de 43 normalistas, 6 muertos y una veintena de heridos a manos de sicarios organizados desde el gobierno municipal, resultó que seguían pendientes dos: una que garantizara justicia y combate a la impunidad, y otra que atacara de frente la desigualdad. Luego, el 27 de noviembre, presentó un decálogo que se percibió como una falta de compromiso con soluciones de fondo.
El decálogo de Enrique Peña Nieto sonó a lo que suena una manera tradicional de colocarse frente a los problemas. De forma declarativa. Invocando las soluciones sin mecanismos concretos para avanzar. Hablando con una contundencia vacía, sin conectar con lo que México necesita. Pareció que no quería llegar al fondo de las cosas. La idea de que mencionando las soluciones éstas se materializan en una suerte de verbo que se hace carne, de sueño que se hace realidad, es lo que ya no se acepta.
Un problema de México es, por lo menos desde la Constitución del 1917, que en el centro no está la garantía de derechos, sino la aspiración abstracta de conseguirlos. Nada horroriza más a los responsables jurídicos del gobierno mexicano, que leyes con “dientes” y plazos de cumplimiento. Para los abogados y legisladores de esta escuela la mejor ley es la que no es aplicable y la que no requiere ninguna inversión. Si se pueden tener programas con “0” pesos, mucho mejor. Así se cumple con el discurso, y se cumple también con el propósito de no alterar las prioridades del gasto. La falta de efectividad atraviesa el Estado mexicano, mientras pervive la máxima virreinal de “se obedece pero no se cumple”.¿Ese es el “Estado de Derecho” que queremos? Véase, por ejemplo, la iniciativa preferente que envió el presidente Peña en materia de infancia, que tuvo que ser modificada hasta en 90%, porque se pretendía que fuera aprobada sin tener “dientes” y sin implicar recurso alguno para lograr su implementación.
Voltear la mirada a Chiapas, Guerrero y Oaxaca es, sin duda, muy positivo, pero hacerlo sin la perspectiva de que el Estado debe garantizar derechos es más de lo mismo. Hacerlo sin buscar efectividad significa seguir posponiendo la posibilidad de construir condiciones para el desarrollo y la paz en el mediano y largo plazo. Y hacerlo sin considerar a la educación de niños, niñas y adolescentes es impedir que los más pobres puedan participar en la propuesta de activación económica que propone el presidente.
En este sentido vale la pena analizar a Prospera, el programa federal insignia de transferencias condicionadas, porque podría ser el instrumento más importante del gobierno para focalizar acciones de desarrollo hacia la población más pobre y lograr efectividad, sin embargo no se aprovecha cabalmente. Aunque la evaluación demuestra que ha sido importante para que muchos niños accedan a la educación (y a la salud), dista mucho de cumplir con uno de sus objetivos, que es desarrollar capacidades educativas reales, por lo que no alcanza a funcionar como un instrumento verdaderamente igualador.
Prospera tiene un padrón de 5, 856,392 familias activas y un total de 5, 997,454 becarios activos de primaria, secundaria y educación media superior (mayo/junio, 2014).
Si se quiere mayor igualdad se tendría que avanzar en lo que propone Carlos Muñoz Izquierdo, Premio Nacional de Ciencias y Artes 2012 para esos becarios: “las becas que distribuye la Sedesol (a través del Programa Oportunidades (Prospera)) son entregadas a las familias sin implementar en las escuelas a las que asisten los becarios, las medidas pedagógicas que son indispensables para ofrecer a esos alumnos una educación que se adecue a las condiciones socioculturales en que se encuentran. Como reiteradamente se ha demostrado, esas ayudas financieras son necesarias, pero insuficientes, para asegurar los aprendizajes de los niños”.
Prospera, además, tendría que preocuparse por los niños fuera de la escuela: sólo alcanza un promedio de 1.02 becarios por familia. ¿Y todos los demás niños, niñas y adolescentes que integran el padrón de familias de ese programa pero no son becarios? Están trabajando o migrando o siendo explotados de múltiples formas y Prospera sólo voltea la cara para no mirar. Si consideramos que se estima el promedio de hijos por familia en por lo menos tres, hablamos de una enorme exclusión educativa que el gobierno está pasando por alto. Se ha tratado de ocultar este grave problema con la eliminación de la web del programa, desde 2008, del indicador “III.4. Número de niños y/o jóvenes de 8 a 17 años que reciben beca educativa, respecto al total de niños de 8 a 17 años incluidos en el padrón activo”. ¿Por qué?
El caso es que ni la calidad ni la inclusión educativa para todos y todas se consideró en el rediseño de Prospera, cosa que tendría que estar en el centro de su razón de ser. De acuerdo con especialistas, sólo hubo un cambio de nombre y las novedades no han tenido ningún impacto importante en el presupuesto. El punto es que no se aprovecha todo el potencial de Prospera.
Sólo en Guerrero requerirían apoyo educativo inmediato, es decir HOY, 468,603 estudiantes de educación básica y media superior. El estado se ubica en el último lugar del país en matemáticas, ciencias y lectura en la prueba PISA 2012. Si no se entrega calidad, las becas o apoyos se convierten en dádivas.
El promedio de becarios por familia es de 1.07 en ese estado de la República; faltan 131,210 niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años que permanecen fuera de las aulas y, por tanto, no reciben apoyo educativo. Guerrero, de acuerdo con el Semáforo Municipal de los Derechos de la Infancia, ocupa la posición 30 en niños fuera de la escuela y el 31, o penúltimo del país, en garantía de los derechos de la población de 0 a 17 años. Oaxaca se ubica en el 30 y Chiapas en el 32.
En suma, se puede afirmar que, en conjunto, son becarios de Prospera 53.57% de la matrícula total de primaria, secundaria y medica superior de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, que requieren ayuda pedagógica inmediata. También que en estos tres estados se ubican 481,675 niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años fuera de la escuela, que tendrán que preocupar a Prospera y a las secretarías de educación locales. Y que 196,286 adolescentes de 15 a 17 años no asisten a la escuela y no han concluido la educación básica, que Prospera debe ubicar para que los atiendan los institutos locales para la educación de jóvenes y adultos. ¿Por qué el rediseño de Prospera no se vio o no quiso ver este “elefante en la sala”? A este programa le vendría muy bien trabajar con enfoque de derechos. Esa sería una verdadera refundación. ■
@LuisBarquera
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