La urgencia de vigilar el patrimonio de la clase política

La urgencia de vigilar el patrimonio de la clase política

En el país y en el estado de Zacatecas hay una preocupación por el absurdo enriquecimiento de los funcionarios públicos. El tema ha tomado dos vías: la senda de los salarios que se aprueban y los mecanismos ocultos. En ambos casos se observa la extraordinaria voluntad de enriquecimiento. Es decir, todos los casos revelan una determinación en los móviles con los cuales los sujetos se promueven en la esfera del servicio público. Al contrario de lo que revela la forma de vida de Pepe Mujica, presidente del Uruguay, que manifiesta un espíritu republicano y una vocación de servicio envidiable, y hace contrastar el espíritu de modestia republicana con la voluntad desbordada de ambición y codicia del caso mexicano. En el contexto de una atmósfera ética putrefacta, surge una circunstancia extremadamente susceptible de generar corrupción y los círculos viciosos propios de la misma.

Pues bien, en esas condiciones es vital reforzar las medidas para disuadir los actos de desvío o apropiación de recursos públicos y el ejercicio de sobornos. En todos los casos, el efecto necesario es la perversión de los actos de gobierno y el sepulcro de la misión del Estado. Las consecuencias de dichas perversiones no son para nada pequeñas: toda la tarea de trabajar por el bienestar de los ciudadanos a través de la construcción de obra pública para escuelas, vías de comunicación o apoyos al campo, se pierde. Es decir, esos actos deben ser prevenidos tanto porque es inmoral por sí mismo, pero sobre todo porque con ellos se derrocha la posibilidad de que el Estado cumpla su misión de generar desarrollo en la población. Y para prevenir el enriquecimiento ilícito, la medida por excelencia es la vigilancia del patrimonio de los funcionarios.

La ley ya establece la obligación de la declaración patrimonial de los servidores públicos y sus familias, pero la declaración es privada y queda en manos del propio gobierno. Un primer paso es lograr que sean públicas, pero dado los distintos modos de eludir la ley, será necesario contar con una Unidad Especializada en Investigación Patrimonial, para localizar cuando algún funcionario se enriquezca por sobornos a cambio de obra pública -como lo que parece ser el caso de La Casa Blanca y las distintas dádivas del grupo Higa – o tenga tratos con el crimen organizado como en Iguala o, igualmente, se apropie directamente del capital público.

Este tema es de primer orden, porque un funcionario corrupto es, automáticamente, alguien que opera para intereses privados, y por tanto, que maniobra en contra del interés público. Una Unidad de Investigación Patrimonial permitiría investigar no solamente a los servidores públicos en funciones, sino a los candidatos a puestos de elección popular, y con ello nos evitaríamos muchos trastornos sociales porque se podría capturar el mal antes de que entre a los intestinos del Estado. Hoy 12 de diciembre esa podría ser una buena petición a la Virgen Morena: que acabe con la codicia y corrupción de la clase política.

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