México, DF. Los oprobiosos hechos de Iguala y Tlatlaya no son producto de una «generación espontánea». Las condiciones que los propiciaron se gestaron paulatinamente desde hace tiempo, aseguró el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez.
Y enseguida se preguntó: ¿Dónde estaban las instituciones de Seguridad del Estado que debían prevenir los riesgos y amenazas a la seguridad interior y al orden público? ¿Qué hacían las autoridades competentes de los distintos niveles de gobierno cuando acontecían esos deleznables episodios? ¿Cómo pudimos llegar a tal grado de deterioro social e institucional en esas regiones del país?
González Pérez participa en Los Pinos en la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto.
De entrada aseguró que los derechos humanos «están en crisis en algunas regiones del país».
Las calles y plazas llenas de personas que protestan dando visibilidad a exigencias hasta hace poco dispersas.
«Existe un malestar social muy difundido, pero no necesariamente tiene su origen ni se limita» a Tlatlaya y Ayotzinapa.
Estos, apunta González Pérez, «más bien han catalizado un largo proceso de frustración de expectativas iniciado años atrás, pero que no fue advertido con oportunidad en sus diferentes vertientes económicas, sociales y culturales «.
Sin embargo, el titular de la CNDH también lamentó en el mismo mensaje que el «ejercicio legítimo » de la protesta se ha visto afectado por las acciones de grupos minoritarios violentos que ante las circunstancias que atravesamos «quisieran generar un contexto de ruptura y polarización social».
Además, hizo un llamado a revisar autocriticamente todo el fenómeno reciente a partir de Iguala y de Tlatlaya para entender la complejidad del enojo colectivo y el riesgo de erosión de la legitimidad gubernamental pues ello «obliga a un cambio de actitud, de estrategia y de discurso. No se trata de rediseñar el país sino de establecer prioridades».
Y remató: «por complejas que sean las circunstancias, México no puede permitir el debilitamiento de su Estado de derecho”.
