La amarga desolación de los derechos humanos en México

La amarga desolación de los derechos humanos en México

A partir de la estrategia de guerra de Felipe Calderón empeoró considerablemente la situación de la violación de los derechos humanos en México; de los 58 derechos que deben respetarse, 44 de ellos son violados sistemáticamente por las autoridades, ya sea directamente o porque el Estado no protege a las personas cuando sus derechos son violados por actores no estatales, como el crimen organizado o la delincuencia común creciente. El enfoque de la Seguridad Nacional aplicado a los diversos ámbitos de la vida púbica en el país hace que organismos como el Ejército, que además no es supervisado de cerca por la autoridad civil, violen sistemáticamente los derechos humanos. El caso de Tlatlaya es una muestra de lo que parece ser una conducta recurrente de las fuerzas armadas. Las desapariciones forzadas ya rebasan los 23 mil casos, lo que indica que debe revisarse el papel de los soldados en funciones policiales. Incluso en el caso de Iguala es muy claro que se debe investigar al Ejército y no se ha hecho. Otro caso escandaloso de vulneración de derechos humanos es la punición de la protesta social, lo cual afecta la limitación de la libertad de expresión, de reunión y libre manifestación. Las leyes que se han ensayado en Puebla y en Sinaloa en estos renglones son muestra de la siniestra voluntad del Estado en el tema. Para observar la conducta actual del Estado en este asunto, sirve revisar  las violaciones de los derechos de manifestación y libre expresión en el Estado de México cuando Peña Nieto fue gobernador de esa entidad, que confirman el ataque frontal a estas libertades y del control del espacio público; los informes del Prodh lo muestran con rigor.

Recurrimos a los informes de Centros de Derechos Humanos porque las Comisiones (tanto la nacional como las estatales) han evidenciado con sus acciones y omisiones falta de autonomía y  subordinación a los poderes del Estado. No es gratuita la caída en los indicadores de eficacia y su flotación en las aguas de la mediocridad: la causa no es la falta de capacidad de sus dirigencias, sino la abierta sumisión al poder. La Comisión de Derechos Humanos de Zacatecas es un ejemplo claro de este caso.

Miles de personas migrantes atraviesan diariamente el territorio. Durante el trayecto, además de hambre, sed, frío, cansancio, soledad, ansiedad y tristeza, los migrantes centroamericanos son susceptibles de sufrir toda clase de abusos. Pueden ser engañados, extorsionados, secuestrados, abusados sexualmente, torturados, desaparecidos y ejecutados a manos de la delincuencia organizada, con tolerancia y complicidad de las autoridades. El fenómeno de imputación de delitos falsos contra personas migrantes se hace evidente a través del caso de Ángel Amílcar Colón, hondureño que desde 2009 partió de su país con destino a Estados Unidos y detenido injustamente en este país.

La reciente reforma constitucional sobre derechos humanos es un avance en el tema, pero el retroceso en los mecanismos institucionales para protegerlos es enorme. Y lo peor de todo: hay muestras contundentes de la voluntad negatoria de los derechos humanos de la actual dirigencia del Estado. En este contexto es esencial la vigilancia de la comunidad internacional sobre este atropellado país que ahora padece el sino de la violencia y la impunidad.

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