Bogotá. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano a resarcir a los familiares de 10 personas desaparecidas y una ejecutada extrajudicialmente durante la retoma en noviembre de 1985 del Palacio de Justicia, se informó este miércoles.
El documento de 212 páginas y cuya copia obtuvo The Associated Press responsabilizó a la nación colombiana «por la violación de los derechos a la libertad personal, a la integridad personal, a la vida y al reconocimiento de la personalidad jurídica» de las 11 víctimas.
La CorteIDH ordenó, entre otras disposiciones, resarcir económicamente a los familiares en cifras en dólares, publicar el contenido de la sentencia en medios de comunicación para que tenga difusión en el país, continuar la investigación judicial para que los responsables de las desapariciones y demás ilícitos sean llevados ante la justicia y brindar apoyo psicológico a los familiares.
Los 10 desaparecidos son Carlos Augusto Rodríguez Vera, Irma Franco Pineda, Cristina del Pilar Guarín Cortés, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Stella Lizarazo Figueroa, Luz Mary Portela León, Lucy Amparo Oviedo Bonilla y Gloria Anzola de Lanao. El ejecutado extrajudicialmente fue el magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán Rojas.
El 6 de noviembre de 1985 la guerrilla Movimiento 19 de Abril o M-19 asaltó la sede del Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá, y demandó hacer un juicio público al entonces presidente Belisario Betancur (1982-1986). Pineda pertenecía al grupo rebelde.
El gobierno ordenó entonces la retoma del Palacio y a lo largo de casi dos días de enfrentamientos armados murieron un centenar de personas, entre ellas los rebeldes y 11 de los 24 magistrados de la Corte Suprema.
La toma del Palacio y la respuesta de los militares dieron paso a una madeja judicial: procesos penales se abrieron y cerraron por decisión de diferentes tribunales hasta que la Fiscalía General comenzó en 2005 a investigar nuevamente el caso desde cero.
La Fiscalía ordenó entonces la detención de varios militares retirados, incluido el coronel Alfonso Plazas vega, cuyo juicio por desaparición forzada comenzó a mediados de 2008. También está condenado el general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales, quien comandaba la XIII Brigada del Ejército con sede en el capital colombiana.
La máxima pena en Colombia por el delito de desaparición es de 40 años de cárcel.
«La Corte Interamericana de Derechos Humanos supervisará el cumplimiento íntegro de la sentencia en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y dará por concluido el caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia», agregó el tribunal de justicia continental.
