Al terminar el primer tercio de su gobierno, Enrique Peña Nieto enfrenta una nación convulsionada. Marchas y brotes de protesta por todo México revelan el hartazgo de un pueblo que exige la abolición de su mandato.
Acosado por el origen fraudulento de su administración, desde su inicio se vio obligado a promover un “Pacto” entre los partidos con mayor presencia electoral para procurarse credibilidad y la fuerza legal necesaria que sostuviera la ruta neoliberal trazada por la globalización y por sus antecesores.
Las reformas estructurales pactadas bajo su gobierno, terminaron por sepultar las conquistas de la Revolución Mexicana perturbando aún más la vida de los sectores poblacionales por lo que maestros, jóvenes, obreros, clase media, profesionistas, estudiantes, empleados, campesinos y clases populares, son los principales afectados y quienes se manifiestan hoy en las calles de México.
El país se desmantela; se pierde la soberanía; no hay crecimiento económico; se derrumban los precios del petróleo; el peso se devalúa y la inflación amenaza. Los políticos comienzan a formar parte de diferentes grupos criminales y usan esos grupos para atacar a sus adversarios. En fin, se quebranta el estado de derecho y lo mismo la seguridad en todo el territorio con lo que el Estado mexicano no puede ser garante de la vida.
Los recientes acontecimientos en Michoacán, pero sobre todo en Guerrero con la agresión en Iguala contra los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, vinieron a detonar la revuelta de otoño y la crisis nacional que padece el gobierno. Ante la emergencia, Peña Nieto anunció una “nueva estrategia” sustentada en un tardío decálogo de intenciones cuyo objetivo no es otro que el de fortalecer al Estado.
Violatorio del 115 constitucional, en uno de los puntos centrales se esboza la “iniciativa de ley contra la infiltración del crimen organizado en las autoridades municipales”. Esto, como si la organización municipal fuera la causante de lo que sucede en México y la única infiltrada por el crimen. ¿Acaso las demás instituciones del Estado –dícese gobiernos estatales, la Federación misma, los tribunales, policía federal, jueces, ejército, etc., se han mantenido al margen de la corrupción y de la delincuencia? La iniciativa pretende disolver cabildos, desaparecer poderes y crear 32 policías únicas estatales… Pero, la pregunta es ¿qué sucederá si se sabe que hoy alrededor de 70 por ciento de los municipios del país está infiltrado por el narcotráfico? Y, lo que es peor aún, que 78 por ciento del PIB tiene infiltraciones provenientes de ese negocio?
Con evidente dedicatoria, municipios de Guerrero y Michoacán son los primeros de la lista en esta iniciativa de ley por lo que en esos lugares dio inicio ya un operativo especial con despliegue de fuerzas federales. Ahí -en Guerrero y Michoacán- justamente donde la auto organización popular crece y se consolida gracias a la presencia de las policías comunitarias y a las autodefensas. Es por todo esto que decimos que el plan de los diez puntos para mejorar “la paz, la justicia y el desarrollo”, tiene la intención de fortalecer el Estado con base a la militarización del país.
La nueva Ley de movilidad o antimarchas que ya se encuentra en el Senado de la República, es otra de las respuestas que Peña Nieto está dando a los reclamos de justicia. Se trata de una iniciativa para criminalizar la protesta social y cuyo antecedente inmediato entró ya en ejercicio en el Distrito Federal gracias a los oficios de su Jefe de Gobierno y a los perredistas de la Asamblea Legislativa.
Para comprender mejor las gravedades de esta nueva ley, habrá que recordar lo sucedido en Atenco cuando Peña era gobernador de Estado de México, la represión del primero de diciembre al inicio de su gobierno como presidente y los golpes al magisterio durante todo 2013. En un Estado como el que Peña representa, nunca está descartada la posibilidad de una represión generalizada.
Con todo, las movilizaciones y protestas en el país y en el mundo continuarán pues los normalistas de Ayotzinapa siguen sin justicia. Cada vez está más claro que los 43 fueron desaparecidos por formar parte de un grupo social que cuestionó al poder político mexicano. Los asuntos “casa blanca” y la construcción del tren rápido México-Querétaro se suman al descontento popular pues dejan al descubierto una amplia red de corrupción, conflicto de interés y tráfico de influencias, promovidos desde el mismo poder de la República.
Por todo, es difícil imaginar que el pueblo pueda aguantar cuatro años más. De lograrse la dimisión de Peña como lo exige en las calles, no le bastará la medida si el gobierno queda en manos de los mismos. La tarea no es sencilla pero tampoco imposible. Con sana oportunidad, Guillermo Almeyra nos recuerda las movilizaciones de los indígenas y los trabajadores ecuatorianos que derribaron tres presidentes; que los trabajadores en Brasil impusieron la renuncia de Collor de Melo y que el pueblo boliviano echó al presidente Sánchez de Losada para despejar el camino a elecciones limpias. En México la unión entre todas las resistencias puede lograr el cambio. ■
Fuente informativa: La Jornada // E. Buscaglia // ww.prrt.org.mx
