Washington. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este jueves un proyecto para anular las medidas de regularización de inmigrantes indocumentados anunciadas por la Casa Blanca, un voto simbólico para la oposición republicana que controla ese cuerpo legislativo.
La cámara baja del Congreso adoptó con 218 por 197 votos una simple propuesta de dos artículos que prohíbe al gobierno «eximir por decreto» a inmigrantes irregulares de ser deportados, estableciendo que cualquier acto del presidente en ese sentido es «nulo» y carente de legalidad.
La propuesta «anula la orden ejecutiva ilegal e inconstitucional del presidente», dijo el congresista republicano Bob Goodlatte.
Los republicanos apuntan su artillería a las medidas anunciadas el 20 de noviembre por el presidente Barack Obama, que permitirían trabajar por tres años, sin temor de ser deportados a más de cuatro millones de personas, poco menos de la mitad de los inmigrantes que viven sin papeles en Estados Unidos.
La medida podría generar otros pasos de representantes que contemplarían cambiar partes de una accidentada ley de inmigración.
Cuando la legislación se materialice, seguirá a un año y medio de inactividad en el Congreso sobre la materia después de la aprobación en el Senado de un proyecto respaldado por Obama, pero que no tuvo destino en la Cámara de Representantes.
«Creo que se está entendiendo (…) que este tema no va a desaparecer», dijo el representante republicano Mario Diaz-Balart, quien ha trabajado para escribir un detallado proyecto de ley sobre inmigración.
El presidente del comité de Seguridad Nacional de la Cámara baja, Michael McCaul, posiblemente supervisará la propuesta, según asesores de los líderes del partido. McCaul ha presionado por un proyecto de ley que imponga criterios severos a las detenciones en la frontera.
Dado que los representantes rechazaron un proyecto de ley del Senado en el 2013, está surgiendo una estrategia para que en el 2015 la Cámara baja lidere los esfuerzos en el tema con la esperanza de lograr mayores avances.
La propuesta de dar una vía a la ciudadanía a millones de residentes indocumentados fue el principal blanco de críticas de quienes se opusieron al proyecto de ley del Senado en el 2013.
«Quiero que comience en la Cámara (baja)», dijo el senador republicano John McCain, uno de los principales defensores de un proyecto de ley que reforme el sistema de inmigración.
McCain dijo que proyectos de ley que mejoren la seguridad en la frontera, establezcan un sistema en línea para que las compañías revisen la situación legal de sus trabajadores y amplíen el programa de visas para trabajadores extranjeros en el sector tecnológico podrían ser los primeros que reciban la aprobación.
Asesores republicanos de alto rango de la Cámara de Representantes dijeron que no estaba claro qué proyectos podrían ser aprobados el próximo año, más allá de los de seguridad en la frontera.
Los republicanos esperan obtener el control del debate sobre inmigración al conseguir la mayoría en el Senado y la Cámara de Representantes por primera vez desde el 2006.
El partido necesita mejorar su posición frente a los votantes hispano-americanos debido a que los republicanos aspiran a ganar la Casa Blanca en el 2016.
Voto simbólico
Pero difícilmente el proyecto se convertirá en ley: el Senado, dominado por los demócratas hasta la nueva legislatura de 2015, no votará sobre el asunto este año y la Casa Blanca ya amenazó con vetarlo.
Para el congresista demócrata Luis Gutiérrez la iniciativa de los republicanos está basada en «pura fantasía»: «No es solo la fantasía de que el Congreso podrá destinar suficiente dinero para encarcelar y deportar 11 millones de personas y sus familias, pero también la fantasía de que se convertirá en ley».
Desde que Obama anunció las medidas, los republicanos denuncian un abuso de poder y acusan al mandatario de ser un monarca que actúa por encima del Legislativo y viola la Constitución.
El legislador republicano Tom McClintock instó a Obama a prestar atención a la votación en la Cámara de Representantes «antes de que medidas más severas sean necesarias».
Un grupo de 17 estados de la federación estadounidense, encabezados por Texas, fronterizo con México, iniciaron el miércoles procesos contra Obama por el conjunto de medidas migratorias.
El proyecto «es otra votación simbólica y superficial que no va a arreglar absolutamente nada», criticó Gutiérrez, una de las voces más fuertes a favor de la reforma migratoria.
Las medidas de la Casa Blanca amplían el programa para jóvenes que fueron traídos ilegalmente de niños por sus padres y crean otra categoría para personas que viven en el país desde hace por lo menos cinco años y poseen hijos con nacionalidad estadounidense o con permiso legal de residencia.
Las agencias federales concentrarán sus recursos en expulsar a los criminales o quienes hayan sido detenidos recientemente en la frontera.
El tema migratorio se ha vuelto claramente en un campo de batalla entre los republicanos y Obama en el inicio de sus últimos dos años de mandato.
Pero el gobierno seguirá adelante con la implementación de las medidas, dijo un funcionario de la Casa Blanca, señalando que se concentrarán en las expulsiones de criminales y el reforzamiento de la frontera, antes de que las aplicaciones empiecen a llegar a partir de la primavera boreal.
