■ Viola el artículo 7 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, asevera
■ Probable, incursión de la secretaria de Economía en caso de conflicto de intereses: jurista
Como “moralmente reprochable y jurídicamente sancionable” a la luz de entre otras, la fracción 17 del artículo 7 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas, situó el constitucionalista Javier Rodríguez Valadez, la conducta de la secretaria de Economía, Patricia Salinas Alatorre.
El ordenamiento señala como prohibiciones a los servidores públicos: “intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge, concubina, parientes en los tipos y grados considerados como nepotismo, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales y de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte”, dijo el académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas.
La cita refiere la probable incursión de Salinas Alatorre en un caso de conflicto de intereses sobre la que ya se ha iniciado, luego de que se publicara en La Jornada Zacatecas una nota al respecto, una investigación por parte de la Secretaría de la Función Pública que encabeza Guillermo Huízar Carranza, toda vez que la funcionaria es socia de Daniel Espinosa, con quien abrió una tienda de esta marca en el Centro Comercial Galerías.
La prensa registró como fecha de la apertura de la sucursal número 52 de las joyerías Daniel Espinosa, que se suma a otras ubicadas en México, Estados Unidos, Francia, España, Sudáfrica, Italia, Dinamarca y Hong Kong, el 26 de octubre 2012.
La tienda zacatecana tuvo como evento fundacional la presentación oficial de la colección de Espinosa 2012-2013, mediante una pasarela realizada en el Hotel Quinta Real, misma en que participó la conductora de Televisa, Liza Echeverría, y en la que se exhibieron, registró el sitio de noticias Zacatecas Online, “mil 200 piezas de plata y oro con tonalidades rosadas”.
A este evento exclusivo, “realizado a puerta cerrada” y denominado Corazón de Plata, asistió el propio gobernador Miguel Alonso Reyes, quien anunció en este contexto, “la alianza estratégica” de su administración con el joyero, esto último, según registra la página de Gobierno del Estado, donde se precisa la función del orfebre como asesor “de los plateros en la entidad, tanto del Centro Platero como independientes”.
A Daniel Espinosa como proveedor de la Sezac, de la cual Salinas Alatorre es titular, se le han pagado, justo desde 2012, casi 6 millones de pesos del erario, y ampliado, el pasado julio, un contrato, que le proporcionará hasta diciembre próximo, 250 mil pesos por mes.
Rodríguez Valadez, refirió sobre el caso de la secretaria de Economía de Gobierno del Estado, que “desde la misma época de Juárez”, quien declarara que los servidores públicos no podían darse “al ocio, a la disipación y debían vivir de la honrada medianía que les proporcionaran los emolumentos que el Estado les pagara”, es evidente que éstos no pueden utilizar los recursos públicos, para beneficio personal.
Sobre el argumento esgrimido por Salinas Alatorre de que el convenio de trabajo con Daniel Espinosa fue aprobado por el Fideicomiso de Impuesto a la Nómina, mismo que se integra con representantes de las cámaras empresariales, y luego de haber sido analizado por el propio gobernador del estado, el docente en la Unidad Académica de Derecho de la UAZ, precisó: “los recursos que tiene el Fondo Plata fundamentalmente vienen de un impuesto a la nómina, pero en el momento en que ingresan al ámbito público ya no son de la iniciativa privada”.
Definió como muy respetable y deseable la confluencia del ámbito privado con el público, “pero esto no quiere decir que al Estado se le maniaten las manos para hacerle seguimiento y fincarle responsabilidades a aquellos que hacen mal uso de los recursos públicos”.
Expuso su duda, asimismo, de que algún empresario “pueda estar viendo con buenos ojos que a algunos sí y a otros no (…) eso no es justicia, al contrario, esa es una flagrante violación a la ley que es clara y debe cumplirse”.
Reiteró en base al ordenamiento citado, “no puedo yo de secretario, tener una empresa fuera, de la que soy socio, y que yo mismo le esté otorgando contratos de arrendamiento o de servicios. Desde luego que el primer garante de que se utilicen bien los recursos públicos es el gobernador porque los servidores públicos que gozan de fuero son representantes del Ejecutivo”.
Añadió, aunque la Ley fundamental del país señala en su artículo 108 al 111 quiénes son en lo personal y penalmente responsables por los actos y omisiones, lo que se tiene en el caso de Salinas Alatorre no es ninguna omisión, sino “un acto deliberado que debió abstenerse de realizar al tenor de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas”, misma que destacó como signada por el propio Alonso Reyes el pasado 7 de febrero de 2013.
Precisó por otra parte, que el fuero de que gozan los servidores públicos, “es para proteger la función, no la persona”, por lo que en sustento de la misma Ley, pueden fincarse responsabilidades e implementarse juicio político por conducto de la Legislatura del estado, si se acredita el supuesto de que Salinas Alatorre sea socia de Daniel Espinosa, como ella misma ha declarado a la prensa, “y que como secretaria le otorgó contratos”.
Esto dijo, así sea que la relación original de prestación de servicios del joyero preceda a la gestión al frente de la dependencia de la funcionaria, pues precisó el jurista, “no se está hablando de un asunto laboral”, sino de una asignación de recursos.
Su comentario sobre la declaración del secretario de la Función Pública, Guillermo Huízar Carranza, quien dijo tener un avance en la investigación del caso de la servidora pública de 80 por ciento sin haber hallar hasta este límite “todavía elementos para encontrar en la conducta de la secretaria en los conceptos que establece la ley como conflicto de intereses”, fue, luego de situar al funcionario en su apreciación “como un hombre que se veía ecuánime y cuya moralidad no se puede poner en tela de duda”, que tampoco “puede ser moroso y que la justicia por los de casa empieza”.
“La ley es muy concreta, dice que el juico político procede en contra de los servidores públicos, según el artículo 30 de la Ley de Responsabilidades, y en relación con el 148 y 151 de la Constitución del estado, “por violaciones reiteradas a la Ley. Y en este caso hay una violación flagrante”.
“Entonces obviamente no hay defensa. Creo que si ayer se perseguía tan encarnizadamente a algunos funcionarios, entonces dennos ejemplo de que no era sólo una cuestión política, porque la ley se aplica, no se negocia”.
Más allá de cualquier connotación de carácter subjetivo, reiteró la Ley es muy clara y debe cumplirse en sus extremos. Esperemos que Huízar Carranza, el propio gobernador del estado y los órganos de fiscalización hagan lo que tengan qué hacer. Y nuestros legisladores zacatecanos den el ejemplo de que no se puede ser impune en este estado porque es una vergüenza y un oprobio para la sociedad”.
