■ Agenda Política
¿Qué tienen en común la escisión del líder moral del PRD, el mensaje a la nación por parte del amigo Peña para tratar de abordar la crisis política y de seguridad de los últimos meses, y la propuesta priísta por pasar a sus probables candidatos en posteriores elecciones por exámenes “antidoping”?
Los tres casos muestran claramente el distanciamiento en que vive la clase política, frente a las exigencias reales de justicia y transparencia –en síntesis un estado de derecho funcional- que la sociedad ha manifestado en las calles, las redes sociales, y el intercambio cotidiano de opiniones. La opinión pública, pues.
El ejemplo de la propuesta del líder nacional del tricolor, César Camacho, es, por sí misma, aberrante, a decir lo menos. Es una burla, como muchas otras dirigidas a la ciudadanía, creer que una muestra de antidoping ofrecerá un panorama claro que permita comprender y dar seguimiento a la red de complicidades de un partido político.
Lo único que en realidad ofrece el priísmo nacional es una especie de auscultación de la vida privada de los candidatos, que si bien no es garantía de un examen satisfactorio en el tema de las declaraciones patrimoniales -y el primer priísta de la nación lo sabe- genere información sobre el intricado de redes de intereses, lícitas e ilícitas, en un organismo político que asume la representación de la ciudadanía.
Luego entonces, cuando se detecte que un candidato o candidata utilice drogas ¿qué procederá además de quitarle el registro o la posibilidad de inscribirse en al listas de candidaturas por el Revolucionario Institucional?
El resultado es un ingente “chivo expiatorio” que la opinión pública despedazará, mientras el partido se ocupa de darlo de baja de dicha institución aludiendo que realiza esa tarea como parte de su “compromiso” con la transparencia y la “democracia” mexicana.
Por lo mientras, personajes como Romero Deschamps, Humberto Moreira, Ángel Aguirre, Arturo Montiel, Emilio González Martínez (el “Niño Verde”), y quién quiera usted sumar a esta lista larga, sin sustancias ilícitas en el torrente sanguíneo que puedan detectarse, tendrán oportunidad de mantener aceitadas sus redes de operación política, mismas que, transitando por los márgenes de la ley, han desvirtuado completamente el modelo de rendición de cuentas contemporáneo.
Zacatecas no es la excepción. El estatus impreciso en que se encuentra la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos, hasta ahora ha pasado por alto cuentas públicas de los 58 municipios, previas incluso a 2010, con observaciones que exceden los seis dígitos.
En la misma charada va el mensaje presidencial. Los diez puntos presentados por el amigo Peña, no son más que la ruta legislativa que seguiría, en momento dado, la mayoría priísta en el Congreso de la Unión, con la propuesta de reforma e instalación del Sistema Nacional Anticorrupción. No hay novedad, sólo la anticipación de dicha transformación constitucional, con lo que el presidente sigue su agenda legislativa sin cambios sustanciales.
Lo más grave es que la sociedad mexicana recibe señales donde un proceso de transformaciones estructurales necesarias y concretas para convenir con el potencial momento histórico nacional, son improbables. Ya sea porque la clase política no está a la altura y/o porque los intereses generados se encuentran profundamente urdidos.
Intereses que si bien en las reformas estructurales del amigo Peña fueron rozados, un cambio en la gestión y el flujo operativo de la clase política que vaya directamente al corazón de la corrupción, sería un atentado diez veces mayor que aquellas modificaciones legislativas.
El ingeniero Cárdenas lo sabía, y tardó 26 años en asumir una derrota definitiva. Tres candidaturas presidenciales fallidas, la simbólica toma del gobierno del Distrito Federal, y una izquierda que como partido político asumió propuestas populistas que no iban al fondo de la transformación de las instituciones del sistema político.
Jugaron la misma maniobra que los otros dos partidos mayoritarios (PAN y PRI), y terminaron por asumir el modelo de prebendas que aceitaba los acuerdos políticos de las cúpulas. El último y más jugoso para mantener su representación a nivel nacional, el Pacto por México, terminó por cercenar definitivamente las estructuras internas en grupos de interés con los que se pueden negociar, de manera alternada, consensos legislativos con diversas bancadas (chuchos y bejaranos, los que más votos concentran).
Esa fue la suerte de la izquierda, crucial cuando así la historia se lo permitió; soluble, funcional y mutable, cuando redescubrieron su lugar en una transición de la que no fueron parte.
Insisto, como en otras entregas, que los tiempos convulsos que vive la nación dejarán cicatrices a ciudadanía, instituciones, partidos, gobiernos, y sociedad organizada. Las calles no sólo deben de ser tomadas para manifestar descontento, sino para empujar propuestas concretas para cambiar las reglas del juego. De lo contrario, la clase política permanecerá inmutada en su isla. ■
