La Seido justificó el envío de los estudiantes detenidos tras los desmanes del 20 de noviembre en el Zócalo a penales federales fuera del Distrito Federal con base en varios artículos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada (LFDO), pese a que ninguno de los tres delitos que se les imputó (motín, tentativa de homicidio y asociación delictuosa) están contenidos en esa ley especial.
Según consta en documentos de la causa penal 45/2014, a la que tuvo acceso La Jornada, al consignar la averiguación previa SEIDO/UEITA/194, la Unidad Antiterrorismo de la PGR justificó el traslado de los 11 detenidos en los artículos 42, 43 y 44 de la LFDO, que sólo aplican para procesados o reos de alta peligrosidad, o cuando sus casos se vinculen con alguno de los delitos relacionados con esa ley especial, entre ellos secuestro, lavado de dinero o delincuencia organizada.
El mismo juez federal Juan Carlos Ramírez Gómora, al dictar el auto de libertad por falta de elementos para procesar a los 11 detenidos por los delitos que les imputó la Seido, determinó que el caso era de competencia original de algún juez en el Distrito Federal, por lo que dejó claro que desde un inicio los acusados debieron quedar internados en alguno de los tres reclusorios de la ciudad de México.
