El 20 de noviembre el presidente Obama dio a conocer su esperada orden ejecutiva que otorga a 5 millones de trabajadores indocumentados en Estados Unidos la posibilidad de residir y trabajar legalmente en ese país. La noticia fue recibida con una mezcla de alivio y frustración por los migrantes. Cierto que eliminar la incertidumbre de millones de personas no es irrelevante. Sin embargo, las restricciones para obtener ese beneficio son muchas; tantas que llevan a preguntarse si su significado es tan grande como parece.
La primera restricción se refiere al número de trabajadores que pueden acogerse a la medida; 5 millones es menos de la mitad de los indocumentados que se encuentran en EU (11.6 millones). ¿Qué pasará con los demás? El temor aumenta ante la posibilidad de que se desencadenen medidas represivas más intensas contra ellos.
La segunda restricción consiste en las condicionantes de haber entrado a Estados Unidos antes de 2010, carecer de antecedentes criminales y tener hijos que son ciudadanos estadounidenses. No será fácil comprobar, para quienes deliberadamente han deseado permanecer en la sombra, su fecha de ingreso a Estados Unidos. Tampoco hacer entender que los “antecedentes criminales” pueden ser episodios irrelevantes. Asimismo, los padres de los dreamers –quienes llegaron a EU siendo niños pero carecen de la ciudadanía por no haber nacido allí– difícilmente aceptarán que no pertenecen a los grupos privilegiados para lograr su legalización.
La tercera limitación, realmente irritante desde el punto de vista de la igualdad en un país democrático, es que los trabajadores incluidos en este régimen no recibirán las prestaciones normales. Es decir, los servicios de salud subsidiados por el gobierno, la pensión en caso de invalidez, e incluso el derecho a obtener una licencia quedarán en manos de las autoridades locales en cada uno de los 50 estados.
Finalmente, la limitación más severa es la temporalidad. Los beneficios para permanecer legalmente sólo aplican por tres años. El próximo presidente podría rescindir todos los contratos de trabajo que se hayan extendido y volver a las prácticas actuales sin tomar en cuenta que debieran respetarse derechos adquiridos.
Tomando en cuenta esas limitantes, la evaluación de la herencia que deja Obama en materia de migración es ambivalente. Desde el punto de vista de sus discursos, debido al empeño en sacar adelante una reforma migratoria integral, así como a la simpatía que en general despierta entre los grupos más desfavorecidos, será recordado como un presidente comprometido con las minorías. Pero su récord en materia de deportaciones deja mucho que desear.
Durante su mandato, éstas se elevaron al nivel más alto en la historia reciente de Estados Unidos, un promedio de 400 mil por año. Actualmente, más de 2 millones de trabajadores mexicanos han sido deportados. Los criterios utilizados para hacerlo fueron rígidos y no siempre justos o con atención a problemas humanitarios. Una redada en un centro de trabajo, un delito menor en la calle, han sido suficientes para decretar deportaciones, independientemente de los efectos sobre el tejido familiar: hijos, cónyuges que han quedado abandonados.
Ante la situación inestable en que permanecerán los trabajadores indocumentados, a pesar del respiro que ofrece a muchos la orden ejecutiva, la pregunta es qué puede esperarse hacia el futuro, lo cual está muy relacionado con la reacción del Partido Republicano. Por lo pronto, los miembros de ese partido están seriamente encolerizados y amenazan con pedir la destitución de Obama por emprender acciones que son anticonstitucionales.
Semejante enojo ha llevado a formular opiniones en el sentido de que se han puesto obstáculos insalvables a la aprobación de una ley de migración en el futuro. Una de las críticas frecuentes que se hacen a Obama por ejercer sus poderes de esta manera es haber provocado tal envenenamiento en las filas republicanas que jamás se llegará al acuerdo bipartidista necesario para aprobar una ley, la cual colocaría bajo un manto más estable la situación de los migrantes en Estados Unidos.
Las opiniones anteriores no son necesariamente ciertas. Es verdad que forman parte de las filas republicanas sectores ultraconservadores, con profundos sentimientos anti-inmigrantes, como los miembros del Tea Party. Pero no son ni de lejos la totalidad de los republicanos. Hay fuertes diferencias entre ellos; no se debe perder de vista que muchos republicanos son empleadores que se benefician ampliamente de la mano de obra de trabajadores migrantes. Si en este momento se unen contra las decisiones de Obama no es porque sean anti-inmigrantes, sino porque el principio que les permite actuar coordinadamente, el que mantiene la articulación del Partido Republicano es oponerse a Obama, llevar hasta sus últimas consecuencias la reprobación de todos sus actos. Tal ambiente cambiará, muy posiblemente, una vez que las elecciones de 2016 creen nuevas circunstancias.
No puede verse como imposible, pues, que el tema de la reforma migratoria resurja dentro de tres años. Para entonces se sabrá si la sociedad estadunidense es capaz de superar la polarización extrema que hoy vive; se sabrá si puede superar los enfrentamientos que hacen tan difícil gobernar, tomar un camino más racional, más constructivo, menos ineficiente.
Para México hay consecuencias evidentes. Le toca encontrar el equilibrio entre aprovechar la apertura actual y prepararse para cuando se busque una solución más integral al fenómeno de la migración en el país del norte. Se requiere para ello una política mucho mejor construida que la condenable posición de que es un asunto puramente doméstico de Estados Unidos. ■
