- Sostienen que la Ley de Austeridad para Altos Funcionarios de la Administración Pública trasgrede a la Constitución
En dictamen, diputados rechazaron la iniciativa que pretende regular los salarios de altos funcionarios del estado. Por unanimidad, la Comisión de Vigilancia de la 61 Legislatura anunció que no aprobarán en una próxima sesión la Ley de Austeridad para Altos Funcionarios de la Administración Pública, porque contravendrían a la Constitución.
Hace algunos meses, la legisladora Soledad Luévano Cantú planteó fijar por ley que el gobernador en turno perciba una remuneración mensual no mayor a 1500 cuotas de salario mínimo (alrededor de 95 mil pesos), mientras que para los alcaldes sería un tope de 700 cuotas (44 mil pesos al mes).
Lo anterior, ante el argumento que en el Presupuesto de Egresos 2014, un porcentaje muy elevado se destinó al pago de servicios personales y salarios, por contrario, sólo 7.8 por ciento se etiquetó para la construcción de obra pública; se estima incluso que se ha invertido cinco veces más en salarios que en beneficios directos a la población, aseguró en su momento Soledad Luévano.
El dictamen leído hoy en sesión ordinaria admite que si bien la iniciativa pretende erradicar abusos y reglamentar la justa retribución de quienes participan en la administración pública sin afectar sus derechos laborales, los miembros de la Comisión dictaminadora, Luis Acosta, Susana Rodríguez, Alfredo Femat, Rafael Flores y Carlos Alberto Pedroza argumentan que de aprobarse la ley en los términos propuestos, trastocarían el contenido de la fracción 2 del artículo 127 de la Carta Magna.
Éste establece que ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente, por lo cual, establecer un límite a las remuneraciones tal como lo propone Soledad Luévano, sería contrario al texto constitucional, insistieron.
