■ Afirman que la Ley de Austeridad para Altos Funcionarios contravendría la Constitución
■ Se planteaba que el gobernador tuviera una remuneración mensual no mayor a 95 mil pesos
En dictamen leído ayer, diputados rechazaron la iniciativa que pretende regular los salarios de altos funcionarios del estado. Por unanimidad, la Comisión de Vigilancia de la 61 Legislatura anuncia que no aprobarán en una próxima sesión la Ley de Austeridad para Altos Funcionarios de la Administración Pública, porque contravendría la Constitución.
Hace algunos meses, la legisladora Soledad Luévano Cantú planteó fijar por ley que el gobernador en turno perciba una remuneración mensual no mayor a mil 500 cuotas de salario mínimo (alrededor de 95 mil pesos), mientras que para los alcaldes sería un tope de 700 cuotas (44 mil pesos al mes). Sin embargo, destaca que para los diputados no se hace el planteamiento.
La iniciativa se hizo ante el argumento de que en el Presupuesto de Egresos 2014, un porcentaje elevado se destinó al pago de servicios personales y salarios, por el contrario, sólo 7.8 por ciento se etiquetó para la construcción de obra pública, se estima incluso que se ha invertido cinco veces más en salarios y pagos personales que en beneficios directos a la población, aseguró en su momento Soledad Luévano.
De modo que el dictamen leído este jueves en sesión ordinaria, admite que la iniciativa pretende erradicar abusos y reglamentar la justa retribución de quienes participan en la administración pública, sin afectar sus derechos laborales, no obstante, los miembros de la Comisión Dictaminadora, Luis Acosta, Susana Rodríguez, Alfredo Femat, Rafael Flores y Carlos Alberto Pedroza, argumentan que de aprobarse la ley en los términos propuestos, trastocarían el contenido de la fracción II del artículo 127 de la Carta Magna.
Éste marca que ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente, por lo cual, establecer un límite a las remuneraciones tal como lo propone Soledad Luévano, sería contrario al texto constitucional, insistieron.
Además existe un precedente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto de los salarios de los alcaldes, tras el caso de la controversia constitucional que promovió un edil de Abasolo, municipio de Tamaulipas, del cual derivó que los Congresos locales no tienen facultades para regular las percepciones salariales de los integrantes de los cabildos.
Es así que la Comisión de Vigilancia insistió en respetar el principio de supremacía constitucional, en el entendido de que las leyes locales no pueden ni deben transgredir la Constitución General de la República y así evitar una controversia. En ese sentido, declararon la improcedencia de la reforma planteada que reglamentaría los salarios máximos de los altos funcionarios, y que incluso ya existe un reforma constitucional.
Combatir casos “emblemáticos” de corrupción
Por otro lado, también la Comisión de Vigilancia en voz de Luis Acosta leyó una iniciativa punto de acuerdo hecha por Soledad Luévano Cantú, para exhortar al gobernador a que inicie los procedimientos administrativos y penales con los cuales se sancionen los actos de corrupción cometidos en la administración pública estatal.
El dictamen señala que en los casi cuatro años de la presente administración, han quedado al descubierto múltiples actos de corrupción cometidos por funcionarios públicos de alto nivel, sin que hasta el momento se haya sancionado a alguno de los infractores.
Se aludió a “casos emblemáticos” como el del director de Transporte, Tránsito y Vialidad, Agustín Jaime Ortiz Arellano; del ex director de los Colegios de Bachilleres del Estado de Zacatecas (Cobaez), Mario Caballero, en cuyos casos “han quedado plenamente demostrados los actos de corrupción y sin embargo, dichos funcionarios continúan impunes”.
Derivado de la constante impunidad, alega el documento, otros funcionarios públicos han sido descubiertos en actos de corrupción, es así, que recientemente se han encontrado irregularidades en la Secretaría de Educación del estado de Zacatecas (Seduzac), así como en los Servicios de Salud del estado (SSZ).
El exhorto al Ejecutivo para que aplique las sanciones radica en que al no permitir la impunidad, se evitará que puedan llegar a proliferar los casos y también, permitirá llevar a cabo un combate frontal a la corrupción creando un ambiente de legalidad y respeto al Estado de Derecho.
Entre varios puntos de acuerdo presentado ayer, también destacó uno que el Ejecutivo destine 6 millones de pesos para la construcción y equipamiento de una Unidad de Hemodiálisis Regional, la cual para muchos sería su única esperanza de vida, dijo Mario Cervantes, creador de la propuesta.
Además, se leyó una iniciativa de reforma a la Ley Electoral, para que el presupuesto que se da a los partidos políticos para capacitación, desarrollo y liderazgo político de las mujeres, incremente de 3 a 5 por ciento del subsidio que reciben los institutos políticos, tal como ya sucede en otros estados.
Las legisladoras proponentes aludieron que 2014, la cantidad global fue de 76 millones 215 mil pesos.
