■ Califican como ilegal su cese; se reúnen con el alcalde Carlos Peña
■ Realizan protesta en la presidencia municipal; afirman que interpondrán demanda laboral
Este viernes por la mañana, 85 policías de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Zacatecas fueron despedidos, bajo el argumento de que no habían aprobado las evaluaciones de confianza.
Algunos policías fueron citados para que firmaran su oficio de vacaciones, sin embargo, al llegar a la corporación, los hicieron pasar a una oficina para notificarles que habían sido cesados; otros fueron avisados cuando llegaban a cubrir su turno por la mañana.
En las oficinas de la corporación, se les dijo que tenían que firmar de conformidad su finiquito, o de lo contrario no se les entregaría su cheque correspondiente al pago de la última quincena de octubre.
Afuera de la corporación, con sus mochilas en mano, los agentes llamaron al licenciado Santos Antonio González, para que los asesorara. Este último, llevó el caso de 11 ex policías que también fueron cesados y se les favoreció con la decisión del Tribunal de lo Contencioso y Administrativo para que les paguen salarios caídos.
“El día de hoy me dijeron que acudiera para ver lo de un oficio de vacaciones, el caso es que llegando me dijeron que se me había dado de baja, tengo 19 años trabajando, y siempre he sido policía, trabajé en el Ejército y en la Policía Ministerial, ahora me corren y ya estoy viejo, ya no me acomodo en cualquier lado”, expuso Víctor Nieto.
Por su parte, Regino Ramírez mencionó que dedicó 28 años de su vida a la corporación, y ahora se le quiere dar de finiquito 40 mil pesos. “Yo salía hoy de vacaciones y me pidieron que acudiera por mi oficio, pero estando aquí me dijeron que firmara mis papeles del finiquito, que ya estaba todo hecho, me quieren dar una miseria por esos años de trabajo, pero no se los acepté, y seguiremos pidiendo lo justo hasta donde tope”, aseveró.
El representante de los afectados, Santos Antonio González, mencionó que el ayuntamiento únicamente ofrece a los ex policías liquidar el concepto de indemnización, sin embargo, no ha definido exactamente los montos del pago.
Recordó que en el caso de los primeros 24 policías despedidos se les otorgó un finiquito de 48 mil pesos, los cuales fueron erogados por el Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsemun).
Dicho recurso se calculó basándose en un salario promedio de 533 pesos, de acuerdo con las reglas de operación de Subsemun. Explicó que el ayuntamiento, al tener ese recurso, sólo quiso dar a los policías cerca de 27 mil pesos, basándose en el salario de 300 pesos que perciben, expuso.
“El ayuntamiento, basándose en su salario de 300 pesos, les dijo a los policías que no tenían derecho a cobrar los 48 mil, y que sólo les corresponden 27 mil pesos. Y por estar más de tres meses sin trabajar, el resto de ese recurso sería utilizado para pagar sus salarios caídos” enfatizó el abogado.
González apuntó que de acuerdo con el artículo 115 de la Constitución de México, establece que a los ayuntamientos les compete la policía municipal, por lo que el despido y el pago de sus prestaciones es responsabilidad éstos.
“A los policías no los despidió la Federación, hay que recordar que existe un Consejo Estatal de Seguridad Pública, y seguramente ellos deciden qué evaluaron, pero no revelan a quién ni en qué consistió la valoración”, dijo el abogado.
Recomendó a los policías que no aceptaran esa negociación, pues sólo se les está cubriendo su indemnización, sin tomar en cuenta el pago de sus otras prestaciones, como aguinaldos y bonos.
Aclaró que ninguno de los policías despedidos ha recibido la indemnización que le corresponde por ley, ni tampoco les han ofrecido opciones de créditos para emprender un negocio y autoemplearse.
Por el momento, la mayoría de los 85 agentes está decidido a emprender otro tipo de acciones jurídicas para que se les pague conforme a la ley por los años de servicio, además de que buscan se limpie su imagen ante la sociedad.
Después de ser notificados de su despido en la DSPM, se trasladaron a la presidencia municipal, y al exterior realizaron una manifestación (colgando chamarras ) que duró unos minutos.
Posteriormente, ingresaron a la sala de cabildo, donde se reunieron con el alcalde Carlos Peña y el secretario de Gobierno, Alfredo Salazar. Ahí expresaron que consideraban injustificado su despido, pues algunos no habían realizado los exámenes de confianza, y a otros se los aplicaron hace dos años.
Peña Badillo mencionó que a pesar de que algunos elementos fueron evaluados hace más de dos años, le tocó a su administración acatar las disposiciones federales en el tema de seguridad. Indicó que esta depuración se realizó por indicaciones de Gobierno Federal, y que no fue una decisión del ayuntamiento.
Agregó que en el primer proceso de depuración se obtuvo del Subsemun un millón 500 mil pesos, y de ahí se hizo el pago a los cerca de 24 elementos que se dieron de baja; y reveló que en este segundo proceso no se recibió recurso, y la liquidación se hace con dinero del ayuntamiento.
Propuso que se revise caso por caso, “y si alguien busca tomar otra vía, respeto su decisión”, enfatizó el alcalde.
En este sentido, planteó que se solicite al Tribunal de lo Contencioso y Administrativo que se cuantifiquen los montos a pagar a cada agente, de acuerdo con su antigüedad.
También, pedir al Consejo Estatal de Seguridad Pública que se entreguen en un sobre cerrado y de manera individual, los resultados de los exámenes de control de confianza.
La tercera propuesta, es solicitar a quien corresponda, que no criminalice ni se suban sus datos a la Plataforma México, para no dañar su imagen, ya que difícilmente podrán ser contratados.
Prevé Godezac contratar nuevo crédito para el pago de liquidaciones a policías despedidos
La Secretaría de General Gobierno y la correspondiente de Finanzas prevén ya, se pueda contratar un nuevo crédito para pagar tanto las liquidaciones de los elementos policiacos dependientes del Poder Ejecutivo estatal como aquellos de los municipios, pues dijo Francisco Escobedo Villegas, “la mala noticia” es que el estado no tiene recursos ni siquiera para pagar en este momento sus propios compromisos en este tema, “menos para (apoyar) las (liquidaciones) de los municipios”.
Al momento, se ha solicitado a los presidentes municipales informen de sus requerimientos económicos para este propósito, a fin de establecer el monto para este contrato crediticio que dijo, se pagaría en 2015.
También replicó a los diputados locales que señalaron se quedará la ciudadanía en estado de indefensión, luego del despido de elementos policiales. La depuración policiaca, expuso, se decidió durante la administración de Felipe Calderón, “se dejó el tema para el último momento y luego nos aprovechamos en otro sentido, políticamente”.
“Lo cierto es que no hay indefensión y no hay descuido”, aseveró. Pues expuso, en días pasados se reunió con el Grupo de Coordinación Local de Seguridad para realizar un plan de acción y operación con los mandos policiacos de las seis regiones.
De igual forma, se cuenta con el respaldo para los operativos que deriven de estas decisiones en materia de seguridad, por parte de la Policía Federal, el Ejército y la Marina; éstos últimos, “en caso de ser necesario”.
Dijo que en esta coyuntura que adelantó, todavía “dará mucho de qué hablar” aun cuando el plazo fatal para este proceso se fijó para el 29 de octubre, “los presidentes municipales no están solos”.
Además de las posibilidades de la contratación de este crédito, se “ha puesto sobre la mesa” se reasignen a los policías que reprobaron el examen de control de confianza en otras áreas de la administración municipal, decisión que compete a los ediles. “Estamos buscando opciones”, comentó.
Se buscará en principio liquidar conforme a la ley para no dejar en desprotección a las familias de los ex uniformados y posteriormente buscar alternativas, por ejemplo, de autoempleo.
Sobre la criminalización que sufren los ex policías dijo, no puede haber el mismo tratamiento de quienes reprobaron por cuestiones de perfil, a aquellos que confesaron tener nexos con la delincuencia, en este último caso, dijo no tener conocimiento si luego de su confesión se han iniciado procesos penales en su contra, pero agregó, “también pudiera ser y eso estaría a cargo ya de cada uno de los titulares de las dependencias policiacas”.
Por su parte Carlos Peña Badillo aseveró ayer a su ingreso a la Legislatura del estado para entregar su propuesta de Ley de Ingresos 2015 para el municipio de Zacatecas, justo al momento en que un grupo de policías protestaba en la sede del ayuntamiento de la capital, el mismo día por la mañana se inició el pago de la última quincena de trabajo, las prestaciones de ley a que tienen derecho y su liquidación, para lo cual, el día 29 habría autorizado el cabildo una partida de 5 millones de pesos.
Dijo haber sido informado que quienes se inconformaban al momento, eran alrededor de entre 30 y 40 elementos de los 81 que fueron despedidos, derivado de la aplicación del examen de control de confianza.
