En los años de creación del sindicato de académicos de la Universidad, se lograron cláusulas de derechos económicos y de seguridad social que podemos caracterizar de dignos: jubilaciones dinámicas a los 25 años de servicio, primas de antigüedad post-jubilatorias y, en aquel entonces, se gozaba además de servicio médico privado de especialistas. Pero una vez que inició el combate a los derechos laborales por parte del neoliberalismo, se embistió a dichos derechos presentándolos como privilegios. Con ello se hicieron dos cortes a los derechos de los profesores universitarios, uno en 1985 y otro en 1992. De tal manera que los docentes que ingresaron a laborar después de esas fechas tienen una edad mayor de jubilación o más años de servicio para el mismo fin, ya no cuentan con la prima post-jubilatoria y su servicio médico se limita al que pueden recibir por parte del ISSSTE. El Estado presenta esta degradaciónde los derechos como un gran logro porque la disminución de los costos de las plantillas fue enorme. La aprobación de los cortes mencionados ha generado al interior de la planta docente enormes desigualdades entre estos grupos de maestros, al grado que se llega a considerar una especie de diferencia de ‘clases sociales’ entre profesores.
Así las cosas, observamos docentes jóvenes contratados por horas efectivas, con sobrecarga de trabajo y ganando muy poco, frente a los antiguos con condiciones económicas desahogadas y cargas frente a grupo razonables. Sin embargo, la situación no queda ahí: en los últimos años se formó una nata burocrática que devenga altos salarios y se paga prestaciones sindicales sobre la base de cálculo de sus sueldos como funcionarios. Ejemplo, en la prima de antigüedad del secretario Académico, la UAZ gastará 637 mil pesos, mientras el promedio máximo de dichas primas entre profesores en activo es de 150 mil pesos. La diferencia es monumental. Y los 38 técnicos académicos que pretendían correr hace un año suman en conjunto únicamente 1.8 millones al año; es decir, el costo de un solo funcionario cubre la erogación de esos 38 académicos.
Aquí se verá la determinación del Spauaz, sobre todo en los casos de la violación de la cláusula 48, donde hay profesores que cobran como tiempo completo en la Universidad y cobran también como funcionarios del gobierno, por ejemplo, el hermano del secretario general de la UAZ que cobra en la escuela de Derecho como tiempo completo titular C y cobra como funcionario del área jurídica de la Secretaría de Educación del estado. Pero como son muchos casos, esto se resuelve si el sindicato exige que se crucen las nóminas de la Universidad con las nóminas gubernamentales. Será vital que en este periodo de crisis la lucha del Spauaz logre limpiar esta situación irregular, y articule propuestas para aminorar la interna inequidad entre las clases de profesores que arriba mencionamos. La limpieza de estos aspectos dará a la Máxima Casa de Estudios la solvencia moral que requiere para apuntalar su gestión de recursos extraordinarios, tan importantes en estos momentos.
